Panamá. Iglesia y gobierno evalúan alcance de las ayudas durante la pandemia

Alina Tufani - Vatican News

Tras varias denuncias de irregularidades en el cumplimiento del programa gubernamental en varias regiones del país, la Comisión de Justicia y paz de la Conferencia episcopal panameña y la Contraloría General de la República han firmado un convenio de cooperación y apoyo para el desarrollo de este balance sobre los resultados y carencias del plan de emergencia social y, en particular, sobre la entrega de bonos y bolsas de comida.

El presidente del episcopado, monseñor Rafael Valdivieso Miranda junto al Contralor general, Gerardo Solís durante el encuentro, resaltaron la importancia de propiciar que los ciudadanos y ciudadanas tomen conciencia de la importancia de la vigilancia de los recursos públicos para el bien común. Para cumplir con este convenio, la Iglesia Católica creará equipos de profesionales voluntarios en sus diócesis y establecerá líneas de acción que garanticen una veeduría ciudadana en el marco de la ley y cuidando que los recursos del Estado sean bien utilizados. 

En este contexto, la Comisión episcopal de Justicia y paz hizo un llamado a sus voluntarios para que participen de la auditoría de las bolsas de alimentos y del bono económico social que se distribuyen a nivel nacional. Salud, seguridad, comunicación, economía y trabajo social son las áreas decisivas identificadas por el gobierno panameño para atender la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19. En este caso, la auditoría complementará las tareas que viene ejecutando la Mesa Social en la implementación y desarrollo de los planes para mitigar, temporalmente el impacto económico causado por la pandemia del coronavirus, especialmente en poblaciones vulnerables, en las familias panameñas y extranjeros que han perdido sus fuentes de ingreso.

Además de evaluar los resultados obtenidos por los programas y proyectos, la auditoría social del Programa Panamá solidario prevé conocer el comportamiento ético en el proceso y el uso eficiente de los recursos económicos, técnicos y humanos. Para ello, la Contraloría habilito, para uso exclusivo de este proyecto, una sección en su página web en la cual los ciudadanos podrán realizar sus denuncias sobre las irregularidades, aportando pruebas mediante fotos, videos y testimonios, además de identificar el sitio, fecha y personas involucradas. Los reclamos también podrán realizarse directamente a los auditores sociales o a las autoridades locales, primeros responsables de velar por la distribución equitativa de las bolsas de alimentos y bonos solidarios y, posteriormente, serán sometidas a una investigación con las probables consecuencias jurídicas y patrimoniales.

Los últimos informes aportados por el Ministerio de Salud indican un total de 167 defunciones por el virus desde que se reportó el primer caso en el país. Hasta, el lunes 27 de abril, los contagiados son más de 6000 personas, de las cuales más de 5 mil se mantienen en aislamiento en sus propias casas y unos mil casos en hoteles. En tanto, hay 355 personas hospitalizadas, de las cuales 89 en las unidades de cuidados intensivos (UCI).