Beytía: una nueva Constitución para resolver los problemas en el largo plazo

Manuel Cubías – Ciudad del Vaticano

La reducción de la pobreza y la estabilidad política han sido dos elementos importantes en la vida de la sociedad chilena posterior a la dictadura del general Augusto Pinochet. Esto hizo posible pensar que el modelo económico escogido traería bienestar para toda la población. Desde hace unos años sectores de la sociedad han comenzado a cuestionar las bondades del modelo porque son cada día más evidentes señales de inequidad, de que la bonanza no ha favorecido a todos por igual. Juan Cristóbal Beytía S.J., director de la revista Mensaje, responde a las preguntas de Vatican News.

¿Con la propuesta de una nueva Constitución, a qué se quiere responder?

Beytía considera que con la propuesta de una nueva Constitución puede dar la impresión de estar ante algo “contradictorio porque Chile, en el contexto latinoamericano, ha destacado en las últimas décadas por cómo ha venido sistemáticamente reduciendo la pobreza y por su estabilidad política (...) Un modelo aparentemente tan exitoso podría ser contradictorio que quisiéramos cambiarlo”, insistió.

Juan Cristóbal Beytía, deteniéndose en las protestas de hace un año, puntualizó: “se cumplió este mes un año de esas protestas. Entonces hay una causa inmediata en eso: la causa de las protestas era una sensación fundamentalmente de inequidad en temas económicos, pero también de la desigualdad de trato que hay en nuestro país. Algunos sienten que eran ciudadanos de primera categoría y otros que eran más bien de segunda. La ciudadanía venía muy presionada con el ritmo de vida, el nivel de endeudamiento era muy alto. Por otra parte, nos encontramos con, que, si bien el salario promedio podría ser del orden de unos 800 dólares, la verdad es que (…) la mitad de los habitantes de Chile, ganaba entre $500 y $600. La distribución del ingreso es muy mala”.

Otros temas muy sentidos por la población y, cuya discusión se ha ido postergando, son el acceso a la educación superior de calidad y las pensiones. Beytía insistió en que las protestas de octubre 2019 no poseían un liderazgo claro y subrayó que “la demanda por un cambio constitucional venía desde hace muchos años (…) durante mucho tiempo se venían arrastrando preguntas de rango constitucional, por ejemplo, la incorporación de los pueblos indígenas o el tema de las autonomías de las regiones para alcanzar su desarrollo, pues todo está muy concentrado en Santiago”.

El tema del agua, considera Beytía, es necesario que se discuta a nivel constitucional porque “si bien el agua es un bien público, tiene dueños privados y, todo lo que tiene que ver con derecho a la propiedad, la actual Constitución lo protege”. Para el director de Mensaje, estos y otros temas necesitan de discusión y seguramente de cambio. “Prueba de ello es que el 80 por ciento de la población aprobó el cambio Constitucional”.

¿Quiénes van a redactar la nueva Constitución?

Beytía puntualizó que se aprobó el mecanismo de redacción de la nueva Constitución que consiste en la creación de una comisión redactora. En ella no puede haber congresistas. Si alguno quisiera, tendría de renunciar a su partido político. “En abril vamos a elegir a los miembros de la convención que debe ser paritaria entre hombres y mujeres. Está por definirse si habrá escaños reservados a miembros de los pueblos originarios y cuántos serían”.

¿Cómo participarán las gremiales y las organizaciones comunitarias?

El director de Mensaje afirmó que la participación de estos sectores de la ciudadanía será principalmente, a nivel de la elección de los miembros de la convención; también expresó su deseo de que algunos de los elegidos retomen las esperanzas de los sectores populares.

La nueva Constitución como respuesta a la crisis social

Juan Cristóbal Beytía expresó que una nueva Constitución poco aporta en el corto plazo, pues es un documento que será efectivo en el largo plazo, por esta razón, considera, es al Congreso a quien corresponde enfrentar los temas que quejan a los ciudadanos actualmente, como las pensiones, la salud, la educación, entre otros. La nueva Constitución puede, en el corto plazo, “proponer un modo de articulación entre las instituciones del Estado para que éste sea más ágil en enfrentar las demandas sociales, o, por ejemplo, podría establecer bases para una mayor solidaridad al interior de los miembros del país”.

Beytía hizo notar que, en la Constitución de 1980, el criterio fundamental es el principio de subsidiariedad. Según este, el Estado intenta no entrar en aquellos ámbitos donde los privados pueden realizar alguna acción por la gente: “por ejemplo, en la educación. Hoy tenemos dos provisiones: la privada y la del Estado, que llega donde los privados no llegan”. Igual sucede con la salud, y añadió: “Entonces, se generan dos Chiles de esa manera. Podría preverse en la Constitución nueva que el Estado tenga un rol mucho más activo en la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Y eso sí sería un cambio”.

La participación de los cristianos

Beytía hizo notar que la Iglesia Católica chilena vive un momento difícil, por esta razón ve con esperanza la participación de muchos católicos laicos en el ámbito político: “Hay católicos activos expertos en derecho, en economía, en ciencias sociales y afortunadamente están teniendo una opinión muy activa en este proceso. Es muy relevante la participación de las universidades católicas que sin duda van a tener un papel muy importante a través de sus académicos y, hay otras fuentes como medios de comunicación y sus mensajes, pero pueden ser también radios católicas, que podrían llegar a ser factores de incidencia emitiendo opiniones, tratando de aportar en la discusión, poniendo puntos de vista”.

El jesuita señaló algunos peligros: que los miembros de la constituyente tengan una visión a corto plazo, para resolver los problemas urgentes y subrayó que una nueva Constitución debe pensarse para el largo plazo. Otro problema sería la rigidez de posturas, lo que permitiría pocos avances.