Crisis humanitaria Murindó: organizaciones indígenas exigen respuestas del Estado

Ciudad del Vaticano

Al concluir una misión humanitaria y pastoral efectuada entre el 7 y el 11 de marzo en el municipio de Murindó (Antioquia), los representantes de la Iglesia y las organizaciones sociales, constataron la gravedad de las recientes afectaciones a las comunidades indígenas de este municipio. Dicha misión permitió verificar que tanto la organización guerrillera (ELN) como el grupo paramilitar (AGC), han cometido graves violaciones contra el derecho internacional humanitario afectando los derechos humanos de sus habitantes, pues estos grupos armados luchan por obtener el control de las rutas del narcotráfico, la implantación y recolección de cultivos de uso ilícito y el posicionamiento geoestratégico frente a los megaproyectos que se adelantan en esta zona de Colombia.

Las comunidades indígenas afectadas por la violencia y el abandono histórico del estado colombiano exigen respuestas urgentes que pasan por la intervención estatal para garantizar los derechos sociales, la ayuda humanitaria urgente, el desminado territorial y la protección colectiva que les permita gozar de tranquilidad en sus entornos culturales. De hecho, dirigiéndose a la fuerza pública, las organizaciones sociales y la Iglesia exigieron un distanciamiento total de los actores ilegales para que se garantice su labor de protección.

Propuestas

Pensando en un itinerario para lograr estos objetivos, los representantes de la Iglesia y las organizaciones indígenas insisten ante el gobierno nacional, para que abra nuevamente el espacio a la solución dialogada al conflicto armado, pues la guerra desatada que se libra en estos momentos en territorios de Antioquia, la Costa Pacífica y otras regiones del país, solo hundirá a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en lo que denominan una espiral de violencia que destruirá la vida de muchas personas. Por ello, alertan sobre la urgencia de firmar e implementar un Acuerdo Humanitario que incluya el cese al fuego para que se favorezcan las garantías de protección a las comunidades ancestrales.

Respecto a los grupos armados, la Iglesia y las organizaciones llamaron a la conciencia para que reconozcan que su accionar es absolutamente nocivo para la población civil. “Mientras avanzamos en procesos sólidos de paz, deben observar el derecho internacional humanitario y no deben afectar el discreto goce de derechos humanos que tienen las comunidades. Es absolutamente indispensable que el ELN, desde su dirección central, proceda a ordenar el desminado de viviendas, escuelas, caminos y cultivos, y se comprometa a no volver a instalar minas”, afirman en un comunicado.