Honduras. Elecciones primarias en un país en crisis

Antonella Palermo – Ciudad del Vaticano

Este 14 de marzo, en Honduras, el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación, Libre, se enfrentan a las elecciones primarias para elegir a los candidatos que acudirán a las urnas el 28 de noviembre, cuando unos 6,6 millones de hondureños están llamados a elegir al nuevo presidente, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldes y vicealcaldes.

Las elecciones a finales de noviembre

Las fuerzas políticas nunca han sido capaces de ponerse de acuerdo para completar las reformas electorales en temas cruciales como la segunda vuelta, la reelección del presidente y el voto electrónico. Se teme que las votaciones internas se desarrollen en una situación caótica y sin suficientes garantías de transparencia. En el Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, actual alcalde de Tegucigalpa, y Mauricio Oliva, presidente del Congreso, compiten por la candidatura. Asfura parece ser el favorito aunque, el pasado mes de noviembre, el Tribunal de Apelación en materia de corrupción estimó una querella por los delitos de abuso de autoridad, uso de documentos falsos, malversación de fondos públicos, fraude y blanqueo de capitales. El presidente Hernadez podría volver a presentarse, aunque se enfrenta a acusaciones de fraude electoral, y a la represión de la disidencia con heridos y personas encarceladas. Además, ahora está acusado por la Fiscalía Federal de los Estados Unidos de aceptar sobornos de narcotraficantes. Para el partido de oposición Libre, se perfila la reelección de Xiomara Castro, esposa del ex presidente Zelaya. Algunos analistas señalan que, tras las elecciones de 2013, se ha ido distanciando del movimiento popular, tanto a nivel local como nacional, centrándose más en cuestiones electoralistas e invirtiendo muy poco en fortalecer las luchas del movimiento social.

Una antigua y profunda crisis

Las elecciones primarias se desarrollan en un contexto muy problemático en todos los ámbitos de la vida civil y política. La pandemia y los dos huracanes han amplificado una crisis ya muy arraigada en la sociedad hondureña. El país se encuentra actualmente entre los peores de América Latina en cuanto a desigualdad económica, con un 62% de la población en la pobreza y casi un 40% en la miseria. La inseguridad alimentaria afecta a 1,3 millones de personas. El aumento de la deuda pública alcanza el 62% del PIB mientras que diversas formas de corrupción erosionan la poca riqueza que el Estado consigue recaudar. Los sectores de la educación y la sanidad atraviesan una gran crisis.

Abuso del derecho penal contra los defensores de los derechos humanos

Alrededor de 117 organizaciones han denunciado el asesinato – entre 2010 y 2019 – de 140 personas activas en la salvaguarda de los bienes comunes y la tierra. Los líderes indígenas, en particular, sufrieron numerosos ataques físicos y morales. También es preocupante la reanudación de la práctica de la desaparición forzada. Durante la pandemia y la suspensión de las garantías constitucionales, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) registró al menos 16 casos, entre ellos el de jóvenes activistas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). En este escenario, las batallas por la defensa del agua no consiguen resultados consistentes y definitivos. Los periodistas (86 asesinados desde 2001) han sufrido ataques sistemáticos.

Violencia contra las mujeres

Según datos de la Red Nacional de Defensoras de Mujeres de Honduras, entre 2013 y 2018, casi 650 activistas fueron sometidas a juicio. El Centro de Derechos de la Mujer registró 321 muertes violentas de mujeres durante el año pasado, 229 de ellas durante la suspensión de las garantías constitucionales en el contexto de la pandemia. En menos de dos décadas, se han registrado casi 6.300 feminicidios en el país.

Corrupción desenfrenada y migración

Mientras tanto, el Comité para la Liberación de los Presos Políticos en Honduras volvió a denunciar el mal uso del derecho penal para controlar, neutralizar y castigar a cientos de ciudadanos. Se exige el respeto al debido proceso, el derecho a la protesta y la libertad de expresión, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos. Tras el retiro de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y el desmantelamiento de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), se han multiplicado los casos de sobreseimiento y anulación de juicios contra grandes grupos de corruptos. Ante una situación muy inestable e insidiosa, miles de hondureños, familias enteras con niños, se han unido a las grandes caravanas de migrantes, arriesgándose incluso a la repatriación forzosa, como ocurrió en Guatemala en enero pasado.