India. Nueva ley anticonversión también en Guyarat

Lisa Zengarini – Ciudad del Vaticano

El estado indio de Guyarat también ha adoptado una nueva ley anticonversión. La Gujarat Freedom of Religion (Amendment) Bill 2021 fue aprobada por el Parlamento local el 1 de abril y prevé penas de tres a diez años y multas de hasta 500.000 rupias (equivalentes a 6.800 dólares) para sus transgresores.

Guyarat se convierte así en el cuarto Estado indio, después de Uttar Pradesh, Uttarakhand y Madhya Pradesh, todos ellos dirigidos por el partido nacionalista BJP (Bharatiya Janata Party) del primer ministro Narendra Modi, que introduce una nueva medida represiva contra lo que se consideran conversiones forzadas o fraudulentas a otra religión. La nueva ley - informa la agencia Ucanews - pretende básicamente ampliar el alcance de la legislación existente contra las conversiones forzosas al matrimonio. El pretexto es siempre el mismo: frenar la llamada "Love Jihad", un término acuñado hace unos años para demonizar los matrimonios entre hombres musulmanes y mujeres no musulmanas. Pero si formalmente estas nuevas leyes pretenden castigar las conversiones realizadas con violencia o engaño, en realidad, como denuncian sus detractores, se utilizan para criminalizar todas las conversiones y para atacar a las minorías musulmanas y cristianas.

"Esta enmienda adicional a la ya draconiana Ley de Libertad Religiosa de 2003 es aún más inconstitucional y debe ser retirada", afirma con rotundidad el padre jesuita Cedric Prakash, un activista de los derechos humanos que lleva años implicado en la defensa de los derechos de las minorías. "La gran pregunta que debemos hacer hoy al gobierno de Gujarat es por qué un ciudadano adulto no puede decidir qué religión desea seguir, o más banalmente, si un ciudadano o ciudadana puede decidir casarse con quien quiera".

La nueva ley establece que si la presunta víctima es una menor, una mujer, un dalit ( descastado) o un tribal, los autores pueden ser castigados con una pena de prisión de 4 a 7 años y una multa de no menos de 300 mil rupias, mientras que si pertenecen a una organización, las penas se elevan a un máximo de 10 años con una multa de hasta 500 mil rupias. Además, el matrimonio contraído se declara automáticamente nulo y la carga de la prueba de su legitimidad recae en el acusado. Cualquier persona que tenga vínculos de sangre con la misma víctima puede presentar una denuncia y el acusado no puede quedar en libertad bajo fianza.

En la misma línea están las nuevas leyes anticonversión introducidas recientemente en Uttar Pradesh, Uttarakhand y Madhya Pradesh, que también han sido criticadas por las minorías y la oposición del Partido del Congreso, que dicen que son leyes liberticidas que violan la naturaleza secular del Estado al crear tensiones religiosas. "Nuestra Constitución nos garantiza practicar y seguir libremente cualquier fe. Introducir una ley para controlar la fe de la gente es una violación de los derechos humanos", se quejó ante Ucan Muhammad Arif, presidente del Centro para la Armonía y la Paz de Uttar Pradesh.