El Salvador. “Estamos viviendo una situación muy preocupante”

Ciudad del Vaticano

Nueva Ideas es el partido que ganó las elecciones de diputados el pasado febrero de este año, victoria que les permite la mayoría cualificada en la Asamblea Legislativa, es decir, tomar decisiones sin necesidad de negociar con otros partidos políticos. Su período de tres años inició el sábado 1 de mayo.

El nuevo congreso en su sesión inaugural decidió destituir a los jueces de la Sala Constitucional y al Fiscal General, así como nombrar a los sustitutos. Esta acción ha sido duramente criticada por diversos sectores de la sociedad civil y por instituciones internacionales.

La separación de poderes, piedra angular de la democracia

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, advirtió en una publicación de la web institucional, que la decisión de la Asamblea Legislativa salvadoreña de destituir sin el debido proceso a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del país socava gravemente la democracia y el estado de derecho y añadió:

La responsable de las Naciones Unidas (ONU) del respeto a los derechos humanos, refiriéndose al proceso que siguió la Asamblea Legislativa salvadoreña afirmó: “El procedimiento seguido para cesar a todos los jueces de la Corte Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general no cumplió con los estándares requeridos sobre el debido proceso, lo que es una infracción de la ley internacional de derechos humanos y un ataque directo a la independencia judicial, clave para el funcionamiento democrático”.

Un golpe al estado de derecho

El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva calificó el actual momento socio-político como “delicado y preocupante” porque la nueva Asamblea Legislativa tomó decisiones que “rompen con el orden jurídico de El Salvador y es por lo tanto un golpe al estado de derecho”.

Oliva refiriéndose a una de las posibles razones que llevaron a los diputados a realizar esta acción, es decir, a la declaración de algunos decretos presidenciales en el contexto de la pandemia como inconstitucionales, pues vulneraban los derechos humanos afirmó: “la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es una sala que tiene funciones de Tribunal Constitucional, que tiene como misión específica velar por el cumplimiento de la Constitución y evitar que las leyes y las decisiones gubernamentales o de otros poderes del Estado sean contrarias a la Constitución”.

El rector de la UCA indicó que el procedimiento seguido por los diputados para la destitución y el nombramiento de los nuevos funcionarios no ha cumplido con las reglas definidas por la Constitución, coincidiendo con la valoración que hace Michel Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

Andreu Oliva también recordó que el fiscal destituido estaba investigando más de doce casos de corrupción en el actual gobierno y expresó su temor de que al bloquear estas pesquisas, no se lleve ante los tribunales a posibles culpables.

Los apoyos de la población

José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) razona que el apoyo de parte de la población a este tipo de acciones puede ser explicado en parte porque “la gente está harta de los políticos tradicionales que no habían enfrentado o resuelto los principales problemas de El Salvador” y el actual presidente “ha permitido barrer con todos ellos y funcionar dando educación, salud, bienestar.”

También Tojeira se refirió a la propaganda que de alguna manera ha permitido crear esperanza y confianza en las acciones y palabras del presidente. Junto a esto subrayó los efectos de una política populista marcada por la repartición de “pequeños beneficios a la gente durante los momentos de desgracia, durante la pandemia, que ha generado esperanza en que sí se van a poder resolver los problemas estructurales del país (…) hay una confianza en el poder autoritario en general”.

El director del IDHUCA se refiere a la cuantía de los apoyos y señala que el presidente y su partido cuentan con mucho apoyo, sin embargo, hay sectores más críticos que expresan su desacuerdo.

El domingo 2 de mayo 25 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña expresaron su rechazo a las medidas realizadas por la Asamblea Legislativa “porque es un acto ilegal e inconstitucional que tiene la peligrosa intencionalidad de acumular poder en una persona y un partido contra el bien común”.