Aumenta acaparamiento de tierras de indígenas: derechos humanos en peligro

Marco Guerra - Ciudad del Vaticano

En este año y medio de pandemia de Covid 19 el mundo se ha paralizado y muchas actividades productivas han sufrido un parón sin precedentes. Y, sin embargo, el fenómeno del acaparamiento de tierras ha continuado con la misma intensidad, si no mayor. Esto es lo que se desprende del documento "Maestros de la Tierra. Informe sobre el acaparamiento de tierras 2021: consecuencias sobre los derechos humanos, el medio ambiente y la migración", elaborado por FOCSIV, la 'Federación de Organizaciones Cristianas de Servicio Voluntario Internacional', y presentado ayer en el Senado de la República Italiana.

93 millones de hectáreas robadas

La cuarta edición de la investigación muestra inmediatamente la exacerbación de este verdadero robo a costa de los pueblos originarios y las comunidades más vulnerables. De hecho, si en 2018 el primer Informe denunciaba cómo el agronegocio concentraba 88 millones de hectáreas de tierra en sus manos, en 2020 este fenómeno ha alcanzado y superado los 93 millones de hectáreas, arrebatadas a las poblaciones locales. Prácticamente un territorio tan grande como Francia y Alemania que no conoce límites de explotación.

Las comunidades más frágiles las afectadas

En la introducción del documento, Ivana Borsotto, presidenta de FOCSIV, subraya el vínculo entre el fenómeno y un sistema de desarrollo que "engulle y produce residuos" y "genera nuevas necesidades efímeras en la población del mundo occidental, funcionales al mantenimiento del propio sistema". El acaparamiento de tierras está, por tanto, interconectado con el cambio climático, las migraciones provocadas también por la desertización de muchas zonas del mundo y el aumento de las desigualdades entre los habitantes del planeta. El acaparamiento de tierras afecta de hecho a las comunidades más vulnerables y económicamente frágiles.

Líderes indígenas asesinados

El texto también destaca las historias de resistencia de los pueblos indígenas en defensa de su tierra y sus derechos, en primer lugar, el derecho a la vida y a un medio ambiente sano. No es casualidad que el informe 2021 esté dedicado a los 331 líderes indígenas que fueron asesinados en 2020 por oponerse a la devastación y contaminación a gran escala de los bosques, la tierra y el agua, luchando en defensa del ecosistema y del derecho de todos a vivir en un medio ambiente sano y sostenible. Una dedicación especial también para el embajador italiano en la República Democrática del Congo, Luca Attanasio, asesinado en Goma el 22 de febrero, símbolo de una vida, tanto personal como institucional, dedicada a mejorar la vida de las poblaciones más frágiles.

Los usos del suelo

El fenómeno está especialmente extendido en África y América Latina y las tierras arrebatadas se explotan para diversos usos, el más extendido de los cuales es la minería, seguido de la silvicultura, las grandes plantaciones, los cultivos alimentarios, los biocombustibles y la extracción de hidrocarburos.

Stocchiero: pueblos desplazados por las empresas

"El acaparamiento de tierras es operado por empresas privadas multinacionales, pero también por grandes actores públicos. En los últimos 20 años han crecido las inversiones de muchos Estados en este sector, en particular de China e India, también a través de fondos soberanos. Están acaparando tierras donde ya viven agricultores y pueblos indígenas, y en el mejor de los casos consiguen quedarse allí sin acceso a los recursos, mientras que en el peor de los casos son expulsados y desplazados", dijo Andrea Stocchiero, responsable de políticas de FOCSIV, a Vatican News. Esa es la tierra en la que vivieron sus antepasados y no entienden por qué de la noche a la mañana ya no son sus dueños", continúa. "Los más obstinados se organizan en movimientos de campesinos que chocan con los guardias contratados por estas grandes empresas públicas y privadas".

Se necesitan normas vinculantes

No menos negativas son las consecuencias sobre el medio ambiente, señala Stocchiero: "Se han apropiado más de 25 millones de hectáreas de tierra para la minería y casi 10 millones para grandes plantaciones. Son operaciones que no tienen ninguna consideración con el medio ambiente, destruyen la biodiversidad y crean tierras y aguas muertas". El representante de FOCSIV cita el caso de la República Democrática del Congo, donde la extracción de cobalto, necesaria para la fabricación de baterías, alimenta el fenómeno del trabajo infantil y provoca una terrible contaminación. A continuación, Stocchiero hace un llamamiento a la comunidad internacional para que las directrices sobre la conducta empresarial en materia de derechos humanos y medio ambiente sean vinculantes. "Actualmente son buenas prácticas adoptadas de forma voluntaria, pero necesitamos algo obligatorio".