ONU: Seis meses después del golpe, la situación de Myanmar empeora

Por Robin Gomes

El domingo 1 de agosto se cumplen 6 meses desde el golpe militar en Myanmar que ha sumido a esta empobrecida nación en una espiral de crisis con graves repercusiones políticas, socioeconómicas, de derechos humanos y humanitarias para la población.

El Coordinador Humanitario y Residente en funciones de la ONU, Ramanathan Balakrishnan, explicó cómo la población se ha visto gravemente afectada en todo el país desde que la junta derrocó a la líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, y a su gobierno elegido el 1 de febrero.  Desde entonces, las fuerzas de seguridad de la junta han reprimido duramente a los manifestantes y a sus partidarios.   "La situación en el país se caracteriza ahora por la inestabilidad y el deterioro de la situación socioeconómica y de seguridad, a lo que hay que añadir una tercera oleada de COVID-19", declaró Balakrishnan a Noticias ONU.

Desplazamiento creciente

Destacando el carácter permanente de la resistencia armada a las fuerzas de seguridad del ejército "en varias zonas de minorías étnicas", incluyendo los estados de Shan, Chin y Kachin, el máximo responsable de la ayuda de la ONU dijo que más de 200.000 personas habían sido desarraigadas de sus hogares allí hasta la fecha.

Según el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU, antes del golpe de Estado, Rakhine ya contaba con cerca de un millón de personas, incluidos los desplazados internos, que necesitaban ayuda urgente.  "Esta cifra no ha hecho más que aumentar", lamentó Balakrishnan.

En términos más generales, "tras el golpe, se identificaron otros dos millones de personas que necesitan ayuda humanitaria urgente, y que se encuentran en su mayoría en las zonas urbanas de Yangon y Mandalay", dijo. La intensificación de los enfrentamientos y el empeoramiento de la situación socioeconómica estaban empujando a "decenas de miles de personas" a un espacio humanitario" cada día.

Balakrishnan se hizo eco de la preocupación por los abusos de derechos del Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, y de otros organismos, y condenó el uso continuo y generalizado de la fuerza letal por parte de los militares contra los manifestantes civiles.

En una publicación en Twitter, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU estimó que más de 220.000 personas han sido desplazadas por los conflictos y la inseguridad desde el golpe.

Aumento del hambre

Balakrishnan explicó que el aumento del precio de los productos básicos ha provocado "una reducción del valor nutricional de la cesta de alimentos que la gente suele tomar, ya que sustituyen su comida habitual por artículos más baratos y fáciles de conseguir".  En este sentido, las prioridades de la ONU pasan por garantizar que millones de personas no caigan más en el hambre.

El funcionario de la ONU también señaló que el sistema sanitario de Myanmar está sometido a una presión extrema debido a la crisis del coronavirus, así como a los ataques contra el personal y las instalaciones médicas.   Además, existe un movimiento de desobediencia civil por parte de algunos profesionales de la salud contra la junta, que según Balakrishnan ha interrumpido incluso los servicios básicos en todo el país.

Las fuentes afirman que, como los hospitales están vacíos y la asistencia sanitaria es prácticamente inexistente, debido al movimiento de desobediencia civil, los voluntarios van de casa en casa para prestar asistencia sanitaria y recoger los cadáveres para enterrarlos.

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estimó el viernes que hasta 3,4 millones de personas más podrían estar en riesgo de inseguridad alimentaria debido a la desaceleración económica entre abril y septiembre. En el punto álgido de Covid-19, a mediados de 2020, la magnitud de la inseguridad alimentaria se estimaba en unos 2,8 millones de personas.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que casi la mitad de la población de Myanmar podría caer en la pobreza a principios de 2022, duplicando la tasa de 2017.  Se espera que la economía se contraiga un 10% en 2021.  La pérdida de puestos de trabajo, los altos precios de los alimentos y el combustible, además de la disminución de las remesas, están afectando al acceso de los hogares vulnerables a los alimentos, en particular a las familias que viven en asentamientos informales en las afueras de las ciudades. El escenario se ha visto agravado por la tercera oleada de infecciones de Covid-19 que actualmente hace estragos en el país.

Apoyando a la población de Myanmar

A pesar del empeoramiento de la situación, con el acceso limitado de la ONU a las zonas de crisis y la interrupción del sistema bancario que limita su capacidad de transferir fondos a los socios humanitarios, Balakrishnan prometió la solidaridad y cercanía de la ONU con el pueblo y su voluntad.

"La ONU seguirá denunciando las violaciones de los derechos humanos y se compromete a permanecer y prestar asistencia humanitaria que salve vidas a la población de Myanmar, además de enviar la respuesta de COVID-19", añadió Balakrishnan.