México. Obispos: no a reformas que comprometan fortaleza de instituciones democráticas

Vatican News 

“Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y del TEPJF. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”. Palabras contundentes del episcopado mexicano, que expresan en un mensaje dirigido al Pueblo de Dios su “franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil -y de los mismas organizaciones políticas-, por el impulso que se da a una Reforma Constitucional en materia Electoral, por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”.

La declaración de los prelados se da en el marco de la reforma propuesta por el presidente de México, Manuel López Obrador, que, con el objetivo de reducir los costos del sistema político, entre los cambios constitucionales propone la desaparición del organismo hasta ahora encargado de organizar las elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE), que sería sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), encargado de las elecciones federales, estatales y municipales. 

Los obispos, que manifiestan una vez más su “más amplio reconocimiento” a la importante labor que realizan en la vida democrática del país el Instituto Nacional Electoral (INE) y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), destacan que “gracias a su autonomía de los poderes políticos y, en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos, ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales (generales o locales) justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular”. Son el resultado “de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil, y de todos los signos partidistas, quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México”. Recuerda que el principal fruto de estas instituciones “fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales, y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal, dando paso a gobiernos de distintas opciones políticas, ya sea en los Congresos de los Estados, en las Gubernaturas y Municipios de los mismos, junto a la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso Legislativo en su conjunto”. Por eso el INE, “goza de un merecido reconocimiento internacional, siendo un ejemplo a seguir en muchos otros países”.

De ahí la apelación “a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismo histórico”, porque “la defensa de nuestras instituciones electorales – afirman - es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos”. “No pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”, concluyen, no sin antes exhortar  al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común, en un Estado de Derecho Democrático como es México.