Burkina Faso rehén de una crisis múltiple olvidada
Luana Foti – Ciudad del Vaticano
Los ciudadanos burkineses no pueden más. En un país cuya edad media es de 17 años, el 10% de los niños y miles de mujeres embarazadas sufren graves niveles de desnutrición y millones de personas no pueden recibir asistencia sanitaria y nutricional. Esos resultados de una investigación realizada conjuntamente entre el gobierno de Burkina Faso y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia completan el cuadro de la desastrosa situación humanitaria en la que vive la población.
La crisis humanitaria más desatendida del mundo
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) pone de relieve que Burkina Faso es donde se vive la crisis humanitaria más desatendida del mundo por falta de recursos y atención política, diplomática y mediática. La inseguridad que desde años azota al pequeño país del Sahel está empujando a más de 1 de cada 10 niños menores de 5 años a padecer desnutrición aguda, problema que afecta también a entre el 2.5 y el 10% de los lactantes y las mujeres embarazadas.
Pese a ser uno de los países que menos contamina del mundo, es uno de los que más sufren las consecuencias del cambio climático. En la última campaña agrícola y ganadera se registraron pérdidas en la producción del 40 al 80%. El escenario resulta todavía peor si se visibiliza el peso de no tener acceso al agua mínima necesaria que cae sobre 2.5 millones de personas. Asimismo, cientos de hospitales y centros de salud están cerrados o dañados por culpa de la violencia. El hecho consecuente es que la mayoría de los ciudadanos no pueden recibir una atención sanitaria y nutricional adecuada.
Desplazados internos en peligro
La nación antes llamada Alto Volta es una de las más pobres del mundo puesto que tiene un PIB de 811 euros per capite y de las que peor calidad de vida ofrece a sus ciudadanos. Sus alarmantes niveles de hambre y violencia han llevado a millones de personas a huir de sus ciudades de origen. Pero, muchas de ellas se han visto obligadas a dejar sus nuevos refugios hasta tres veces debido a la violencia que caracteriza a la región.
El número de desplazados internos alcanza los 2 millones, registrando una de las tres tasas de más rápido crecimiento del mundo. Los desplazamientos masivos exponen a los afectados a agresiones físicas y sexuales, violencias de género, secuestros, reclutamientos forzados en los grupos armados y un deterioro de su salud mental.
La lacra de la (in)seguridad
El curso presente del “país de los hombres verdaderos” está marcado por un vertiginoso aumento de la inseguridad y la violencia. Grupos yihadistas vinculados tanto a Al Qaeda como al Estado Islámico tienen en jaque a la población burkinés. Casi el 70% del territorio está controlado por esos grupos de extremistas islámicos que muy a menudo llevan a cabo ataques mortales en contra de militares y civiles y secuestros. En enero secuestraron 80 mujeres que habían salido a recoger hojas y fruta para traer algo de comida en las despensas vacías de sus casas. Y el 26 de noviembre un atentando en el norte del estado provocó la muerte de 40 civiles. La falta de seguridad y la sensación de desprotección llevaron a unos ciudadanos a unirse en grupos de autodefensa que se sumaron a las colas de “voluntarios” paralelos a el ejercito oficial.
La inestabilidad política
El 2015 es el año que coincide con el comienzo de la inestabilidad en el país. Esta, estalló después del levantamiento popular con el que el entonces presidente Blaise Comparé, elegido ininterrumpidamente por 23 años de 1987 a 2010, fue forzado a abandonar su ambición de buscar otro mandato.
En 2022 se produjeron dos golpes de estado y después del último, realizado en septiembre, llegó al poder el actual presidente: Ibrahim Traoré. El capitán Traoré, que con sus 35 años es el jefe de estado más joven del mundo, el mes pasado apareció en directo nacional para recordar a la población burkinés que su prioridad es la seguridad y no las elecciones previstas para julio de 2024.
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