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El presidente Daniel Ortega El presidente Daniel Ortega  (LEONARDO FERNANDEZ VILORIA)

La ONU denuncia: En Nicaragua ciudadanos indefensos en materia de DD. HH.

Expertos de la ONU describen el empeoramiento del clima de impunidad en el país centroamericano. Un informe indica cómo el poder está cada vez más concentrado «en manos del Presidente y la Vicepresidenta», gobierno que «sigue facilitando, coordinando y ejecutando graves violaciones y abusos».

Vatican News

Es una actualización marcada por el continuo empeoramiento de la situación de los derechos humanos que llega desde Ginebra, del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua. En un año, las condiciones se han deteriorado dramáticamente, con el gobierno, dice el texto publicado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que «continúa facilitando, coordinando y ejecutando graves violaciones y abusos». El poder, escriben los expertos, está cada vez más concentrado «en manos del Presidente y la Vicepresidenta» del país, sin que exista un foro al que los ciudadanos puedan acudir en busca de justicia. Todo ello, según el análisis, agrava aún más el ya generalizado clima de impunidad.

Tortura, detención arbitraria y malos tratos

«Nicaragua no cumple ni siquiera el estándar mínimo razonable de independencia judicial», denuncia Jan-Michael Simon, presidente del Grupo, y sectores enteros se encuentran en estado de vulnerabilidad. En el país, dice, continúan las detenciones arbitrarias, las torturas y malos tratos, y la instrumentalización del derecho penal para eliminar cualquier oposición, y las víctimas tienen que elegir entre la cárcel o salir del país. Entre ellas se encuentran estudiantes, profesores, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. La falta de prevención e investigación por parte del Estado, añade Simon, también da lugar a «violaciones derivadas de graves abusos por parte de particulares, en particular violencia de género y asesinatos».

Los cristianos, víctimas de la represión

El grupo continúa documentando la represión continuada contra miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, y también contra quienes se encuentran fuera de las fronteras del país, siendo «familiares de opositores al gobierno, incluidos niños, víctimas únicamente por sus lazos familiares».

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11 septiembre 2024, 16:53