Documentos y testimonios contenidos en la solicitud de apertura del juicio

VATICAN NEWS

Ha sido una investigación larga y compleja, dirigida por el Promotor de Justicia Gian Piero Milano, por el adjunto Alessandro Diddi y por el ejecutivo Gianluca Perrone. Una labor que se ha desarrollado a través de las pesquisas de la Gendarmería Vaticana dirigida por el comandante Gianluca Gauzzi Broccoletti y que ha llevado al examen de una gran cantidad de documentos, dispositivos electrónicos incautados a los sospechosos, así como al careo de testigos.

La Oficina del Promotor de Justicia del Estado de la Ciudad del Vaticano ha presentado ante el Tribunal la solicitud de sometimiento a juicio de diez sospechosos: monseñor Mauro Carlino (antiguo secretario del Sustituto de la Secretaría de Estado), Enrico Crasso (el hombre de las finanzas que había gestionado las inversiones de la Secretaría de Estado durante décadas), Tommaso Di Ruzza (antiguo director de la AIF, la Autoridad de Supervisión Financiera), Cecilia Marogna (la mujer que recibió considerables sumas de la Secretaría de Estado para llevar a cabo acciones de inteligencia), Raffaele Mincione (el financista que hizo que la Secretaría de Estado suscribiera importantes acciones del fondo que poseía la propiedad londinense del 60 Sloane Avenue en Londres, y que luego utilizó el dinero recibido para sus inversiones especulativas), Nicola Squillace (abogado implicado en las negociaciones para que Torzi sustituyera a Mincione), Fabrizio Tirabassi (funcionario en calidad de secretario en la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado que desempeñó un papel destacado en el asunto), Gianluigi Torzi (el financista llamado a ayudar a la Santa Sede a salir del fondo de Mincione, y que consiguió una paga de 15 millones de euros por devolver el edificio a sus legítimos propietarios), René Brülhart (ex presidente de la AIF) y el cardenal Angelo Becciu.

Las denuncias del verano de 2019

Fraude, malversación de fondos, abuso de funciones, apropiación indebida, blanqueo de dinero y autoblanqueo, corrupción, extorsión, publicación de documentos amparados por el secreto, falsificación material de escrituras públicas, falsificación en escritura privada: estos son los delitos imputados por los magistrados vaticanos. La investigación, como se sabe, se inició a partir de las denuncias presentadas, respectivamente, por el Instituto para las Obras de Religión (IOR) el 2 de julio de 2019 y por la Oficina del Auditor General el 8 de agosto de 2019. Esta última denuncia, en particular, alegaba la comisión de delitos graves, tales como, estafa y otros fraudes, apropiaciones indebidas, corrupción, complicidad y chantaje. El Auditor observó que la mayor parte de las actividades financieras de la Secretaría de Estado se concentraba en el Credit Suisse (77% de la cartera gestionada) y que una parte sustancial de los depósitos procedentes principalmente de donaciones recibidas por el Papa “se había utilizado en fondos que, a su vez, se invertían en títulos de los que el cliente no tenía conocimiento”, así como en fondos de alto riesgo especulativo, de dudosa ética, colocados en países off shore. En su solicitud de apertura del juicio los magistrados vaticanos observan “cómo la Secretaría de Estado utilizó los fondos recibidos para fines de beneficencia (Fondo Óbolo y fondos sin títulos), que por su naturaleza no son susceptibles de ser utilizados con fines especulativos, para realizar operaciones de altísimo riesgo financiero y, en todo caso, con fines ciertamente incompatibles con los de los donantes originales”, es decir, con el “objetivo principal de apoyar las actividades religiosas y caritativas del Santo Padre”.

La inversión en el fondo de Mincione

Un primer capítulo importante de la investigación se refiere a la inversión de la Secretaría de Estado en el Fondo Athena Capital Global Opportunities de Raffaele Mincione, una operación que se realizó entre junio de 2013 y febrero de 2014. Mincione fue presentado en el Vaticano por Enrico Crasso, que llevaba muchos años gestionando los fondos de la Secretaría de Estado, la cual hasta ese momento no había realizado inversiones en instrumentos financieros complejos o de riesgo, ni había contraído nunca deuda para invertir en apalancamiento, por lo que no tenía experiencia en este ámbito. El Sustituto era monseñor Angelo Becciu, y el jefe de la oficina que se ocupaba de las inversiones era monseñor Alberto Perlasca. La operación con Mincione reemplazó a otra que había sido evaluada anteriormente y luego descartada y que suponía una inversión en fondos petroleros en Angola. Por ello, la Secretaría de Estado contrajo una deuda de 200 millones de dólares con Credit Suisse para invertirlos en el fondo de Mincione (100 en títulos, 100 en la parte inmobiliaria). Al 30 de septiembre de 2018 las acciones habían perdido más de 18 millones en comparación con el valor de la inversión inicial, pero se estima que la pérdida global fue una cantidad mucho mayor.

Conflicto de intereses

La mayor parte de las operaciones efectuadas por Mincione utilizando la liquidez procedente de la Santa Sede, fue operada por el gestor del fondo para la búsqueda de su utilidad personal y en evidente conflicto de intereses, arriesgando siempre capitales ajenos. "En contra de los principios elementales de prudencia, de hecho, -escriben los magistrados- las sumas de la Secretaría de Estado se utilizaron imprudente e irracionalmente no solo para realizar operaciones especulativas, como la adquisición de algunas instituciones bancarias italianas en incipiente estado de crisis, sino también para financiar a sujetos jurídicos pertenecientes al propio Raffaele Mincione que, mientras por un lado era el gestor del fondo (cargo remunerado con generosas comisiones), por otro, podía utilizar los recursos financieros del Estado para sus propias iniciativas”. En concreto, Mincione encontró en la Secretaría de Estado el "pulmón financiero" del que sacar oxígeno para saldar sus cuentas con ENASARCO. El valor de la propiedad de Londres, objeto principal de la operación, fue sobreestimado en los papeles presentados a la Secretaría de Estado, a la que también se le ocultó una deuda contraída con el Deutsche Bank por 75 millones de libras esterlinas.

Por lo tanto, observan los magistrados, la Secretaría de Estado, sin ninguna evaluación preventiva de la inversión, pagó un precio totalmente desproporcionado con respecto al valor al que se había comprado y vendido el inmueble en los dos años anteriores. Para qué hablar de un informe de la Gendarmería Vaticana, evidentemente no tenido en cuenta, que había desaconsejado confiar en Mincione.

El fin de la relación con Mincione

Después de algunos años, con un retraso considerable, se vio claramente que la operación fue extremadamente perjudicial para la Santa Sede. Surgió el problema de salvar lo que se podía salvar y tomar posesión de la propiedad en Londres. Según algunos testimonios, uno de los motivos de la decisión de romper con Mincione fue su decisión de dejar de pagar a Crasso y Fabrizio Tirabassi comisiones ocultas que habrían estado siendo giradas a una empresa con sede en Dubai. Se ideó entonces una operación que condujo a Gianluigi Torzi a la escena. La operación previó que la Secretaría de Estado pagase a Mincione 40 millones de libras para que finalmente pudiera tomar posesión del inmueble londinense. Pero en realidad esto no ocurrió porque, en lugar de crear una empresa ad hoc controlada por la Secretaría de Estado, se decidió confiar en una empresa propiedad de Torzi, quien por medio de una operación de ocultamiento consiguió mantener el control para sí mismo y engañar a la Santa Sede gracias a complicidades internas. La documentación aportada por los magistrados vaticanos demuestra que Mincione y Torzi estaban de hecho de acuerdo en realizar la operación con la Secretaría de Estado, para recuperar la liquidez perdida en la adquisición del banco CARIGE, pero también "para seguir gestionando juntos la propiedad de Londres". "Se han obtenido pruebas precisas que demuestran que parte de los 15 millones de euros que la Secretaría de Estado pagó a Gianluigi Torzi... para rescatar la propiedad que él no pretendía ceder al Vaticano, fue girada por Torzi a Raffaele Mincione".

Beneficios personales

Una figura clave que se desprende de los documentos de la investigación es Fabrizio Tirabassi: en marzo de 2004 firmó un contrato con UBS en virtud del cual la entidad de crédito suiza pagaba al funcionario público del Vaticano una comisión, equivalente al 0,5% anual, en función del volumen de cotizaciones acumuladas y por la derivación de nuevos clientes. Los pagos se hacían en una cuenta cifrada. En cuanto a su papel, los investigadores vaticanos, basándose en coincidencias temporales, chats y viajes que confirman las declaraciones de algunos imputados, plantean la hipótesis de que Enrico Crasso y el propio Tirabassi recibieron dinero en efectivo a cambio de las operaciones que promovieron. En particular, escriben los magistrados, "el contenido de las declaraciones de Gianluigi Torzi, confirmado por el tenor de los mensajes que se encontraron durante las investigaciones en los dispositivos electrónicos incautados, permiten afirmar que Fabrizio Tirabassi, que se había convertido en un punto de referencia para la gestión de las inversiones de la Secretaría de Estado, en el curso de sus actividades antepuso sus propios intereses a los de la oficina, y que gracias a esta posición pudo aprovechar todas las oportunidades para recibir beneficios que ahora están representados en un patrimonio que parece absolutamente desproporcionado con respecto a su capacidad de producir ingresos". Según los testimonios recogidos, existía un "eje entre Fabrizio Tirabassi y Enrico Crasso en virtud del cual el primero dirigía las inversiones de la Secretaría de Estado al Credit Suisse a cambio del pago de comisiones".

El engaño a los superiores

Nada más llegar a Roma, en octubre de 2018, después de que Becciu dejara la Secretaría de Estado por haber sido nombrado unos meses antes Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el nuevo Sustituto de la Secretaría de Estado, Edgar Peña Parra, se enteró solo parcialmente de la operación que ya estaba en marcha para salir del fondo de Mincione. Gracias a la complicidad interna, Torzi consiguió por medio de una operación de ocultamiento que la Secretaría de Estado firmara un Share Purchase Agreement (Acuerdo de Compra de Acciones) que le arrebataba de hecho el control de la propiedad de Londres. Esto lo logró creando 1000 acciones de la empresa GUTT SA y atribuyendo derecho de voto únicamente a estas acciones de las que era titular. Mientras que las otras 30.000 acciones, en poder de la Secretaría de Estado, no tenían derecho a voto. Aunque la Secretaría de Estado pagó a Mincione 40 millones de libras para salir del impasse e intentar limitar los daños recuperando la posesión del edificio y su gestión, finalmente se encontró ante otro financista en el Vaticano a quien se le concedió total poder de decisión. La supuesta "solución", que en realidad otorga a Torzi todo el poder sobre el edificio de Sloane Avenue, es, según el propio Torzi, una propuesta de Tirabassi y Crasso "que fue compartida por Credit Suisse". Tirabassi y Crasso, en cambio, niegan haberse dado cuenta de que habían puesto la propiedad del edificio en manos de la empresa GUTT de Torzi. Los magistrados, sin embargo, están convencidos de que "inicialmente Crasso, Tirabassi y Torzi, con la colaboración activa del abogado Squillace, habían planeado en realidad la creación de 1000 acciones para mantener el control de la propiedad en Londres, callando, por supuesto, la circunstancia a los superiores de la Secretaría de Estado, que tenían que firmar los acuerdos”. Aquí se encuentra otra coyuntura crucial en la investigación. Los magistrados vaticanos consideran que "ni monseñor Perlasca, firmante del Contrato de Compraventa de Acciones, ni sus superiores, el Sustituto Edgar Peña Parra y, sobre todo, el cardenal Pietro Parolin, hayan sido efectivamente informados y, en todo caso, hayan sido plenamente conscientes de los efectos jurídicos que tendrían las distintas categorías de acciones".

Un contrato firmado a toda prisa

El contrato se firmó a toda prisa, con Tirabassi que desde Londres presionaba a Perlasca, que se había quedado en Roma. Por lo tanto, los contratos de cesión del control de la propiedad de Mincione a Torzi, que perjudican a la Secretaría de Estado, se concluyen el 22 de noviembre de 2018. Fueron firmados por Perlasca que "en ese momento no contaba con ninguna autorización del superior Peña Parra. Este último emitió las autorizaciones necesarias a Perlasca solo el 27 de noviembre y eso solo después de que, a su vez, el cardenal Parolin hubiera estampado, escribiéndolo a mano en un memorándum, su autorización". Solo un mes después, el 22 de diciembre de 2018, Peña Parra "conoció el contenido real de los acuerdos realizados por Tirabassi y Perlasca". De la lectura sistemática de los mensajes intercambiados entre Tirabassi y Perlasca, "se desprende cómo los dos habían llevado a cabo las negociaciones sin informar nunca a ninguno de sus superiores y, sobre todo, con el conocimiento preciso de que, más tarde, todavía tendrían que enfrentarse al problema de cómo representar ante sus superiores lo que había ocurrido en Londres".

El poder post-factum

El poder especial datado anticipadamente el 22 de noviembre de 2018 en el que se autoriza la operación de apropiación en perjuicio de la Secretaría de Estado, en realidad se le hace firmar a Peña Parra después del hecho, el 27 de noviembre. El Secretario de Estado Pietro Parolin y el Sustituto reciben un memorándum que presenta de forma interesada y poco transparente los términos del asunto: se trata de un documento redactado por el abogado Squillace (en realidad hombre de Torzi, pero presentado por Monseñor Perlasca como abogado conocido por él) y por el propio Tirabassi. En el memorándum se ensalzan las supuestas ventajas de la operación, pero no hay ni una sola mención a la existencia de las distintas clases de acciones que, de hecho, ponen todo el poder en manos de Torzi arrebatándoselo a la Secretaría de Estado. Este memorándum fue ilustrado por Perlasca y Tirabassi a Peña Parra y Parolin. Este último, el 25 de noviembre, después de haber recibido información incompleta, puso al pie del documento una disposición que decía: "Después de haber leído este Memorándum, a la luz también de las explicaciones dadas ayer por la tarde por Mons. Perlasca y por el Dr. Tirabassi, habiendo tenido garantías en cuanto a la validez de la operación (que aportaría ventajas a la Santa Sede), su transparencia y la ausencia de riesgos para la reputación... estoy a favor de la estipulación del contrato".

Complicidades internas

"Gianluigi Torzi -se lee en el auto de procesamiento-, aunque no había firmado ningún acuerdo con la Secretaría de Estado en este sentido, preveía, además de la posibilidad de gestionar la propiedad en Londres (sustituyendo el papel que hasta entonces desempeñaba Raffaele Mincione), que también podría... recurrir a las arcas de la Secretaría de Estado para sus aventuras financieras; Fabrizio Tirabassi, funcionario de la Secretaría de Estado... actuaba con el fin de aprovechar la situación para acordar con Torzi un soborno; Enrico Crasso, además de exigir una comisión para sí mismo, tenía interés de lograr la entrada de la nueva adquisición del fondo CENTURION, otra inversión en quiebra subvencionada con fondos de la Secretaría de Estado, y gestionada por él...". Según lo declarado por Torzi a los magistrados vaticanos, para tener la gestión de la propiedad en Londres el propio Torzi habría tenido que pagar el 50% de lo recaudado a Tirabassi, que estaba interesado en "su retorno". De los chats examinados se desprenden flujos de dinero en efectivo que Torzi pedía a sus colaboradores que se procuraran justo en los días en que debía reunirse con Craso y Tirabassi (8.000 y luego 30.000 euros).

La extorsión de Torzi

Tras el verano de 2018, Tirabassi reconoció su error al confiar en Mincione y fue rehabilitado por monseñor Peña Parra. Mientras tanto, monseñor Perlasca fue destituido y sustituido de hecho en la dirección de la operación por monseñor Mauro Carlino, antiguo secretario del Sostituto Becciu y -en un principio- del propio Peña Parra. De la investigación de la justicia vaticana, Carlino parece estar bien inserto en el grupo que gestiona internamente la operación. En marzo de 2019, con dinero correspondiente a la empresa GUTT (es decir, de la Secretaría de Estado), Torzi pagó una asesoría jurídica al abogado Squillace por 224.640 libras, sin que la Secretaría de Estado haya hecho ningún requerimiento de pago. De hecho, Squillace nunca se había encargado de representar los intereses de la Secretaría de Estado, sino los de la otra parte. En el intertanto, en el Vaticano se dio cuenta de lo absurdo de la operación que llevó a Torzi a tener un papel preponderante: el financista, que esperaba utilizar los fondos de la Santa Sede para sus operaciones financieras, podía ahora hacer prevalecer su posición de predominio en su propio y exclusivo beneficio. Y aquí viene lo que los investigadores creen que ha sido una "extorsión muy grave" por parte de Torzi en perjuicio de la Secretaría de Estado. Las adquisiciones documentales demostraron que Torzi "entre finales de abril y principios de mayo de 2019, tras una larga y agotadora negociación llevada a cabo a través de varios intermediarios, había accedido a devolver el inmueble de Londres a cambio del pago de 15 millones de euros, efectivamente abonados sin ninguna justificación económica ni jurídica. El momento central para la realización de este objetivo fue la posibilidad de que Torzi explotara el poder que le otorgaban las 1000 acciones de GUTT SA, las únicas con derecho a voto, que logró conservar engañando la buena fe de los funcionarios de la Secretaría de Estado presentes en la estipulación de los acuerdos". Fue entonces cuando Perlasca quiso recurrir a la justicia y no someterse a las exigencias de Torzi. Pero fue sustituido por Carlino. Tirabassi fue quien cayó de pie. Según Torzi, Tirabassi habría podido "mantener su posición, a pesar de los 'líos' cometidos, gracias al poder de chantaje que habría podido ejercer sobre la Secretaría de Estado, por las informaciones relativas a la vida privada de personas del aparato administrativo de la misma Secretaría". Pero esta hipótesis, "meramente teórica, no ha sido apoyada, sin embargo, ni por los registros e incautaciones efectuados en el Estado, ni por las adquisiciones realizadas en Italia tras una comisión rogatoria".

El documento falsificado

Para intentar convencer a Torzi de que devolviera las acciones, también entró en juego Giuseppe Milanese, un conocido empresario del Vaticano. Torzi llegó a pedir, según los testimonios recogidos, hasta 23 millones de euros para devolver la propiedad a la Santa Sede. Fue monseñor Mauro Carlino quien gestionó las negociaciones y consiguió que se le pagaran 15 millones de euros. Para justificar este pago -que no habría pasado desapercibido para la autoridad de control financiero-, Tirabassi había alterado el documento oficial del 23 de noviembre de 2018 añadiendo una especie de reconocimiento de deuda del 3% a favor de Torzi: así, la Secretaría de Estado se habría comprometido a reconocer a Torzi ese porcentaje en caso de que la operación no tuviera éxito. Se trata de una iniciativa que los magistrados consideran "de una gravedad sin precedentes, no solo porque constituye un intento de evadir los controles de las autoridades de inteligencia financiera.... sino porque gracias a esta falsedad Gianluigi Torzi pudo engañar incluso a una autoridad judicial". Monseñor Carlino está acusado de conspiración para cometer extorsión porque "aunque era consciente de la absoluta ilegalidad de las exigencias de Gianluigi Torzi, ayudó a este a llevar a cabo su plan". De hecho, los motivos de los pagos a Torzi eran "completamente falsos".

El papel de la AIF

En este punto se abre el capítulo de la investigación sobre el papel de la AIF (Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede), de su entonces presidente René Brülhart y de su entonces director, Tommaso Di Ruzza: según los magistrados vaticanos la AIF habría "descuidado las anomalías de la operación de Londres -de las que había sido inmediatamente informada- sobre todo teniendo en cuenta la abundante información que, como resultado de las actividades de inteligencia, había adquirido". Di Ruzza, según los resultados de la investigación, actuó de forma concertada con la Secretaría de Estado y desempeñó "una función decisiva en la finalización del proceso de liquidación de los créditos de Gianluigi Torzi". Por tanto, Di Ruzza habría actuado como una especie de asesor de la Secretaría de Estado. Sin embargo, la AIF había supeditado la viabilidad de la transacción a dos condiciones: la primera era que las comisiones para Torzi se ajustaran a las obligaciones contractuales contraídas con anterioridad a la transacción del 3 de diciembre de 2018; la segunda, que la propiedad y el control del inmueble de Londres "se transfirieran efectivamente a la Secretaría de Estado". Para garantizar el cumplimiento de la primera condición, al archivo de texto creado el 26 de noviembre de 2018 por el poder del Sustituto que permitía llevar a cabo la operación, se añadió (mediante una modificación intermedia del 17 de abril de 2020) un nuevo texto, un "reconocimiento de deuda" según el cual la Secretaría de Estado había llegado a acuerdos solo verbales para pagar a Torzi el 3 % del valor del inmueble en el momento de la recompra definitiva. El archivo del texto añadido se encontró en el ordenador de Tirabassi. "De la cronología de los hechos se desprende que monseñor Carlino y Fabrizio Tirabassi sabían perfectamente que estaban contraviniendo las instrucciones de la AIF". El Promotor de Justicia "considera que el comportamiento de la AIF, en las personas de su director y su presidente, ha vulnerado gravemente las normas básicas que regulan la supervisión precisamente porque, gracias a las intervenciones que se han descrito, fue posible atribuir una credibilidad a un pago que todos -nadie excluido- sabían que no era debido, hasta el punto de recurrir a la creación de reconocimientos de deuda póstumos, y a facturas de operaciones inexistentes, contribuyendo así de forma decisiva a la realización del pago de la suma solicitada como extorsión por Gianluigi Torzi".

La investigación sobre el cardenal Becciu

El purpurado, ex Sustituto de la Secretaría de Estado, no entró inmediatamente en la investigación. De hecho, se vio envuelto en ella por lo que los magistrados definen como "interferencia". Los magistrados escriben: "La figura de Becciu, que durante mucho tiempo permaneció ajena al foco de la investigación, apareció repentina e inesperadamente a finales de mayo de 2020, pocos días antes del interrogatorio de Gianluigi Torzi, mediante una maniobra que esta Oficina, también a la luz de las investigaciones realizadas, no duda en definir como un intento de fuerte despiste". En concreto, hubo dos ofertas de recompra en Londres, ambas por un precio superior a los 300 millones de libras: una de la empresa Fenton Whelan y otra de BP Development Real Estate Corporation. Las dos propuestas de compra, escriben los magistrados vaticanos, no solo en realidad “procedían de Gianluigi Torzi y Raffaele Mincione, es decir, de los dos principales protagonistas de la obra de saqueo de las finanzas del Estado, sino que ambos estaban unidos por un factor común consistente en haber sido promovidas por Angelo Becciu".

Una de estas ofertas implica a Giancarlo Innocenzi Botti, antiguo parlamentario de Forza Italia y subsecretario, junto con el diplomático italiano Giovanni Castellaneta. El aspecto menos claro de la historia es el hecho de que la empresa que propone la compra, Bruton RE LDT, se constituyó el 30 de mayo de 2020, el mismo día que Innocenzi y Castellaneta acudieron a la Secretaría de Estado para presentar la propuesta. No está claro con qué capital habría podido Bruton adquirir el edificio desembolsando entre 315 y 330 millones de libras. "Detrás de la oferta de compra se escondía la figura de Torzi", dicen los magistrados. Para hacer intervenir a Innocenzi y Castellaneta estaba Marco Simeón, una persona ya conocida en el Vaticano: este último iba a recibir unos diez millones como comisión. Torzi "informó claramente de que la iniciativa de la operación debía atribuirse al cardenal Becciu". Existe una carta del 1 de mayo de 2020, dirigida a Innocenzi, en la que, agradeciéndole la propuesta de compra, el cardenal Becciu le daba "el mandato de actuar como nuestro interlocutor para producir la formalización de una propuesta que pueda ser aceptada". Los magistrados vaticanos señalan que el cardenal, a la sazón prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, "no tenía competencia para confiar un mandato relativo a un asunto de la Secretaría de Estado, entre otras cosas objeto de investigación por parte de la autoridad investigadora vaticana". Siempre en el ámbito de las "interferencias", Torzi fue aconsejado por Innocenzi para que no se presentara a los interrogatorios de los magistrados vaticanos, alegando razones de salud y por el Covid. Para ello, Innocenzi le mostró una captura de pantalla de un chat con Marco Simeón que, de acuerdo con Becciu, le aconsejaban que lo hiciera de ese modo.

El intento de hacer que Perlasca se retractase

Otra interferencia imputada por los magistrados al cardenal Becciu se refiere a monseñor Perlasca. Este último fue aconsejado por el cardenal para que se alejara de la Casa Santa Marta y también se le dijo que en realidad el juicio nunca se habría de celebrar. Además, Becciu habría pedido al obispo de Como, Oscar Cantoni, que convenciera a Perlasca para que se retractara de lo que ya había dicho a los magistrados, porque si no lo hubiera hecho habría sido "condenado a una pena de al menos seis meses". Fue el propio obispo de Como, diócesis en la que está incardinado Perlasca, quien reveló al prelado que la petición procedía de Becciu. Volviendo a lo sucedido en años anteriores, los magistrados cuestionaron el papel de Becciu para que 200 millones de dólares de los fondos del Óbolo de San Pedro gestionados por la Secretaría de Estado se hubiesen invertido en el fondo ATHENA de Mincione "sin un mínimo de garantías y, sobre todo, sin ningún control para evitar que las ofrendas de los fieles pagadas para subvencionar obras de caridad se utilizaran para financiar temerarias incursiones especulativas". Son operaciones cuya realización puede considerarse "un acto abusivo al que el Sustituto dio su consentimiento decisivo".

Los fondos a Marogna

También está el capítulo dedicado a los pagos a Cecilia Marogna. En abril de 2020, un informe de la Policía eslovena sobre movimientos sospechosos en las cuentas de la empresa Logsic Humanitarne Dejavosti D.O.O. de Cecilia Marogna llegó a los magistrados del Vaticano a través de la Nunciatura Apostólica. La empresa de la mujer recibió entre el 20 de diciembre de 2018 y el 11 de julio de 2019 pagos realizados por la Secretaría de Estado por 575.000 euros. Las investigaciones a través de rogatorias permitieron constatar que esas cifras "fueron utilizadas, en su casi totalidad, para realizar compras” no compatibles y, por lo tanto, no justificables con el objeto social de la misma empresa", que fue constituida el día anterior a la primera transferencia y que es controlada en su totalidad por Marogna. Ella, entrevistada por el programa Rai Report, afirmó haber recibido esas sumas de dinero para realizar actividades de inteligencia, encargadas por el Sustituto Becciu. Además de los movimientos registrados por los pagos en las tiendas de moda y los hoteles de lujo, también hay retiradas de efectivo por valor de 69 mil euros. Fue Becciu, incluso cuando ya no era Sustituto, quien ordenó a Perlasca que hiciera los pagos a Marogna. El ex Sustituto afirmó que los desembolsos eran para el pago de un rescate por la liberación de una religiosa secuestrada.

Pagos a la cooperativa de su hermano

Por último, los magistrados acusan a Becciu de haber financiado y hecho financiar la cooperativa de su hermano Antonino. Se trata de 600.000 euros procedentes de los fondos de la Conferencia Episcopal Italiana y de 225.000 euros procedentes de los fondos de la Secretaría de Estado. "Las donaciones procedentes de la Secretaría de Estado", se lee en el auto, "en contra de la tesis defensiva de Becciu, habrían sido ampliamente utilizadas para fines distintos a los benéficos a las que estaban destinadas". Una parte sustancial de los fondos de la cuenta corriente de la cooperativa del hermano habría sido "desviada y utilizada para fines no caritativos", incluyendo préstamos a una sobrina del cardenal para la compra de una propiedad en Roma.