Proceso Vaticano: Prosigue la minuciosa reconstrucción del promotor de justicia

Barbara Castelli - Ciudad del Vaticano

La resolución del fondo Athena de Raffaele Mincione y la aparición de la sociedad luxemburguesa Gutt Sa, atribuible al corredor Gianluigi Torzi, en el trasfondo de las acusaciones de fraude, malversación y extorsión. En esta plataforma, el promotor de justicia, Alessandro Diddi, desarrolló la tercera jornada de su acusación. La sexagésima cuarta audiencia del juicio sobre las inversiones financieras de la Secretaría de Estado en Londres también fue testigo de nuevas declaraciones espontáneas del cardenal Angelo Becciu, así como de una revisión de los próximos procedimientos. En la sala multifuncional de los Museos Vaticanos, además del cardenal, estuvieron presentes los acusados Fabrizio Tirabassi y Enrico Craso.

Las tratativas para la cesión del edificio

En un apretado vals de fechas, chats, correos electrónicos y encuentros, Alessandro Diddi reconstruyó las circunstancias que condujeron a la salida de Raffaele Mincione del asunto del edificio de Sloane Avenue por 40 millones de euros, según las investigaciones realizadas.

El promotor habló de un verdadero "equipo" formado por Giuseppe Milanese, Fabrizio Tirabassi, identificados icónicamente como "Chip y Chop"; Enrico Craso, Renato Giovannini, Manuele Intendente, Nicola Squillace, capaz de "obras de arte de falsificación", y Gianluigi Torzi, que, gracias a su "astucia" logró tener las "cartas del juego". En más de cinco horas, se pusieron en evidencia las "payasadas del viaje a Londres" y las "febriles negociaciones" de noviembre de 2018, cuando, en realidad, "todo estaba ya concebido", con el Framework Agreement y el Share Purchase Agreement. Acontecimientos que no hicieron sino empeorar la situación de la Secretaría de Estado, que seguía sin ostentar la gestión de la propiedad, que acabó en manos del bróker de Molise gracias a las mil acciones con derecho a voto. Incluso este último, al final, intentó "cobrar" los 15 millones de euros de intereses de la Santa Sede. También se han definido las responsabilidades y omisiones de monseñor Mauro Carlino y de los "funcionarios públicos" de lo que era la AIF (Autoridad de Información Financiera), principales responsables de abuso de funciones.

El cardenal Becciu sigue defendiendo su trabajo

En la apertura de la audiencia el cardenal Angelo Becciu quiso intervenir de nuevo con unas declaraciones espontáneas, para defenderse de las acusaciones que se han vuelto a formular en los últimos días. "He dado mi vida por la Santa Sede" dijo, criticando la forma en que se han utilizado algunos hechos "de forma sugestiva", a pesar de estar "alejados de la realidad", "y siempre he tratado de defenderla". Respecto a los 50 millones de euros que el Instituto para las Obras de Religión "donó al Santo Padre para las necesidades de la Sede Apostólica", considerados en cambio como una "reserva escondida" de la Secretaría de Estado, el cardenal aclaró su uso. Entre 18 y 23 millones, dijo, se entregaron a Radio Vaticano; 8 millones fueron a parar a L'Osservatore Romano y entre 27 y 33 millones a las nunciaturas de todo el mundo. Con respecto, por último, a los controles efectuados por la Secretaría para la Economía y a las "desavenencias" que tuvo con el cardenal George Pell, el ex sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado precisó que nunca tuvo "nada que ocultar", que no había "defectos escondidos" que descubrir: sólo expresó perplejidad ante el aumento de los costes ligados a las reformas emprendidas. En particular, se refirió a los salarios que habían aumentado de forma antinatural en comparación con la práctica, hasta el punto de acabar pagando 25.000 euros al mes al secretario general de la Spe y 12.000 al secretario personal del cardenal australiano.

Las próximas audiencias del juicio

Al abrir la sesión el presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe Pignatone, relizó un balance de las próximas etapas de este largo recorrido en el proceso penal del Protocolo 45/19. Una vez concluida la acusación del promotor de justicia, en las tres citas previstas para la próxima semana (24, 25 y 26 de julio), tendrá lugar la habitual pausa estival. Después, en septiembre, las partes civiles comenzarán a pronunciar sus veredictos: el 27 por la tarde será el turno de los abogados que protegen los intereses del Instituto para las Obras de Religión (IOR); el 28 para la Secretaría de Estado; y el 29 para la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA); mientras que la Autoridad de Supervisión e Información Financiera (ASIF) presentará sus conclusiones. A partir de octubre, los abogados defensores se repartirán las jornadas de los días 5, 6, 19, 20, 26 y 27. Así como las tardes de los días 8, 9 y 10 de noviembre; hasta las tres últimas vistas previstas: las tardes de los días 4, 5 y 6 de diciembre.