Proceso vaticano, Secretaría de Estado: 177 millones de compensación por daños morales y reputacionales
Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano
"Malgasto", "saqueo", "operaciones despiadadas", "desastre económico", "especulación". En "50 mil artículos de prensa y web" y en "miles de interacciones", se ha hablado en estos términos sobre el caso de Sloane Avenue, la compra del edificio en Londres que está en el centro del proceso que lleva en curso más de dos años sobre la gestión de los fondos de la Santa Sede. Juicios y comentarios que "han causado un grave perjuicio" a la imagen de la Secretaría de Estado, que ahora solicita 177 millones de compensación por daños morales y reputacionales a los diez acusados, incluido el cardenal Giovanni Angelo Becciu.
Abusos y engaños de los mercaderes del templo
Fue la abogada de la parte civil, Paola Severino, este 28 de septiembre en la sexagésima novena audiencia en el Aula de los Museos Vaticanos, quien cuantificó el daño causado por el escándalo que ha afectado "una de las principales instituciones de la Santa Sede", víctima de "abusos y engaños" por parte de "mercaderes del Templo" a quienes los representantes de la Secretaría de Estado les abrieron las puertas, obligando ahora a la institución a llevar a cabo una "campaña reputacional dirigida a restaurar el honor afectado por los delitos cometidos". "Se ha dicho que la Primera Sección se ha convertido en una central de inversiones... Se ha afirmado que este caso es comparable al peor escándalo de corrupción que llevó al suicidio de Roberto Calvi", dijo la exministra de Justicia italiana. "No lo digo porque los periodistas reemplacen a los jueces, sino porque dan una idea de la amplitud de la lesión sufrida".
Evaluación de los daños
Para "evaluar el esfuerzo por los daños causados por los acusados", la Secretaría de Estado se ha confiado a una "empresa experta", Volocom srl, que ha calculado un valor oscilante entre 98 y 177 millones (138 millones, el justo medio). "Una de las sumas más altas jamás calculadas en concepto de daño a la imagen", subrayó Severino al final de una larga intervención en el aula, que comenzó con una eficaz y puntiaguda reconstrucción, "toda basada en los documentos", de las "graves conductas" y estructuras financieras establecidas antes del caso de Londres. Desde la propuesta de inversión en pozos de petróleo en Angola, hecha en 2014 por Becciu a instancias del empresario Antonio Mosquito, un viejo conocido suyo. Una inversión que nunca se materializó pero que representó un cambio de rumbo con respecto a las operaciones financieras anteriores de la Secretaría de Estado, más prudentes, conservadoras y con un bajo perfil de riesgo. Sobre todo, la operación cristaliza "el momento de la entrada de los mercaderes del templo, ampliamente acompañada y consentida por Su Eminencia Becciu", afirmó Severino.
Reconstrucción de los hechos
"El pasado es prólogo", para decirlo a la manera de Shakespeare, por lo tanto, partir de la reconstrucción de la historia ayuda a demostrar, según la abogada, cómo las operaciones posteriores a la propuesta de Angola fueron "el caballo de Troya que permitió a Raffaele Mincione y Gianluigi Torzi (los dos gerentes acusados, n.d.r.) obtener durante mucho tiempo el control incondicional e indiscutido del patrimonio de la Secretaría de Estado". Todo ello con la "contribución activa" de otros representantes de la institución que, en cambio, deberían haber protegido sus intereses: Fabrizio Tirabassi, funcionario de la Oficina Administrativa, y Enrico Crasso, asesor financiero desde los años 90 que en el asunto londinense vio quizás "la oportunidad de asumir un papel destacado".
Determinación de la verdad, el propósito del proceso
"Esta parte civil se considera gravemente dañada", reiteró Severino: "La determinación de la verdad es el propósito del proceso, no la venganza, no la liquidación de cuentas, no los intereses personales. Esto reafirma la fuerza de la Iglesia frente a la falsedad de los hombres. Haber querido este proceso es un hecho simbólico".
Desde la propuesta del negocio en Angola en adelante
Después de numerosas audiencias (hoy, 29 de septiembre, la septuagésima con los abogados de Apsa y Asif), los hechos son ahora conocidos. Severino los enumeró cronológicamente: la propuesta del negocio Falcon Oil en Angola, la due diligence encargada a Mincione con una opinión negativa ("Primero se recopila todo, se crea el medio con el que gestionar, luego, después de más de un año, se dice 'no, la inversión es demasiado arriesgada'"), la propuesta de compra de una propiedad en una prestigiosa calle de la capital británica por un precio "sobrevalorado" entre 101 y 56 millones de libras esterlinas, con daños para la institución que tenía el 45%. Además, la inversión en la "forma peculiar y onerosa" del Credit Lombard, la compra de una participación en el edificio a través del Athena Capital Fund que pertenecía a Mincione, otros "inversiones destinadas a satisfacer los intereses de los gestores en lugar del suscriptor, cargadas con pérdidas significativas" y así sucesivamente.
Operaciones "fallidas"
Operaciones que crearon un clima de sospecha en el Vaticano, con la Secretaría de Economía y la Oficina del Revisor que presionaban para obtener aclaraciones sobre las operaciones "fallidas" de Mincione, realizadas, además, "en una situación de constante conflicto de intereses". Sin embargo, el corredor "siguió operando de forma totalmente autónoma", hasta que "después del verano de 2018 quedó claro que era necesario cambiar de estrategia porque, para usar las palabras de Mincione, 'los juegos han terminado'".
"Jugaron con el dinero de la Secretaría de Estado"
Sí, porque se trata de "juegos" o, al menos, así los definieron Severino y las dos colaboradoras del estudio, las abogadas Daniela Sticchi y Elisa Scaroina, que intervinieron por la tarde. "Se jugaron muchas veces con el dinero de la Secretaría de Estado: en 2013, en 2014, se volvió a jugar en 2018...". Este es el año en que comienza la "segunda fase" de la historia: el paso del fondo Gof de Mincione al Gutt de Torzi. En noviembre de 2018, de hecho, se lleva a cabo la conocida reunión en Londres en la que se firma el Framework agreement con el que Torzi se compromete a comprar en nombre de la Secretaría de Estado las acciones de Mincione, "tras un ajuste" de 40 millones de libras esterlinas. Y también se firma el Share Purchase Agreement, con el cual la Secretaría de Estado compra a Torzi 30,000 acciones sin derecho de voto por el simbólico precio de 1 euro, "mientras Torzi sigue siendo dueño solo de las mil acciones con derecho de voto". Las que le dan derecho a vender o decidir cualquier destino.
Los acuerdos firmados en Londres
En Londres estaban presentes Tirabassi y Crasso. La reunión para Severino fue una "trampa", porque los dos estaban "convencidos de que estaban participando en una reunión para encontrar una estrategia de salida con respecto a una gestión financiera no deseada". En cambio, se encontraron con una mesa lista para formalizar "acuerdos ilegales". La Secretaría de Estado pasa de las manos de Mincione a las "tan hábiles e interesadas" de Torzi que, como primer acto, despide a Tirabassi de la junta directiva.
La intervención de Peña Parra
"El que encuentra un amigo encuentra un tesoro, en este caso el tesoro de la Secretaría de Estado", bromeó Scaroina. "Torzi y Mincione realizan sus objetivos en parte comunes", eco Severino. En este "mecanismo aceitado" llega una "piedra" que atasca el engranaje: la llegada del nuevo Sustituto, el arzobispo Edgar Peña Parra, inmediatamente alertado sobre el hecho de que, con la firma de los contratos en Londres, la Secretaría de Estado "de hecho había adquirido una caja vacía". Peña Parra, recordó Severino, comprende que "es necesario encontrar una salida a la situación, preservando en la medida de lo posible la inversión". Se vuelve al Ior y Asif e intenta "recuperar lo recuperable". Comienza lo que el propio sustituto ha llamado varias veces "una verdadera Vía Crucis". Con el oneroso préstamo de Chayne Capital, entre alquileres impagos o de favor, la Santa Sede pierde sumas cada vez más grandes: "El sustituto no podía dormir por las noches", destacó Scaroina.
Extorsión
La última estación de la Vía Crucis, al final de una tortuosa negociación, es el pago, después también del dictamen del prestigioso bufete de abogados Mishcon De Reya, de 15 millones de euros a Torzi, que "tenía la sartén por el mango" para obtener el control total del edificio: 10 millones para ceder las mil acciones y 5 millones como compensación por los seis meses de gestión. Torzi vende el edificio cuyo valor, entretanto, ha aumentado de 230 millones de libras esterlinas a 275 millones de libras esterlinas de manera "totalmente injustificada". Pero el corredor transmite "causas completamente diferentes": es el "golpe final" que la acusación configura como extorsión. "Toda la negociación fue una demostración del poder y la fuerza de los que estaban dotados mientras la Secretaría de Estado era impotente", dijo Severino.
Las demandas de la parte civil
La profesora luego habló de "varias corrupciones", "castillos de fraudes", desvíos de recursos y otros "graves ilícitos", pero el caso de Londres es el que ha tenido "mayor eco mediático" en 130 países de todo el mundo. Por lo tanto, es el que ha causado "lesiones" profundas a la Secretaría de Estado. De aquí la solicitud de compensación por daños reputacionales por valor de 177.818 millones de euros necesarios para una "campaña de restauración", luego la solicitud de condena al pago de una provisión a pagar en caso de una condena de primera instancia por valor de 98 millones 473 mil euros (la cifra más baja del rango establecido por la pericia).
La solicitud de indemnización del Ior
A estas solicitudes se suma la presentada por el abogado de la parte civil del Ior, Roberto Lipari, para el resarcimiento de los fondos que supuestamente fueron sustraídos por los acusados en el caso objeto del proceso y que habrían afectado los 700 millones de euros donados durante dieciséis años por el Instituto a las necesidades de la Santa Sede y que habían sido apartados por la Secretaría de Estado. La solicitud de reembolso se establece en 206 millones 493 mil 665 euros, que se suman a los daños morales, para los cuales Lipari ha solicitado al Tribunal una "liquidación equitativa", y a los reputacionales, establecidos por una pericia en 987 mil 494 euros.
Hoy, 29 de septiembre, el abogado de la parte civil de Apsa, Giovanni Maria Flick, presentará su solicitud de compensación por daños patrimoniales a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, que desde diciembre de 2020 es propietaria de los fondos e inmuebles de la Santa Sede por voluntad del Papa.
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