Juicio vaticano, la defensa de Carlino: sólo cumplió su deber con lealtad

Alessandro Di Bussolo - Ciudad del Vaticano

"Monseñor Mauro Carlino cumplió con su deber con competencia y lealtad". Según la defensa del sacerdote de Lecce, ex secretario primero del sustituto de la Secretaría de Estado Angelo Becciu, entonces arzobispo, y luego de su sucesor monseñor Edgar Peña Parra, las palabras de este último, pronunciadas en su testimonio del 16 de marzo de 2023 en el juicio por la gestión de los fondos de la Santa Sede, bastarían para exonerarlo de todos los cargos. Y fue sobre el testimonio de su superior directo que el abogado Salvino Mondello, uno de los abogados de Carlino, construyó gran parte de su alegato de defensa en la septuagésima octava audiencia del juicio.

Carlino y las negociaciones con Torzi por el edificio de Londres

Para el monseñor, acusado de extorsión y abuso de poder, el promotor de justicia Alessandro Diddi pidió 5 años y 4 meses de cárcel, además de inhabilitación perpetua y una multa de 8.000 euros. Razones de salud impidieron a Carlino estar presente en la sala polivalente de los Museos Vaticanos para escuchar los discursos de su defensa, que duraron unas tres horas. Para la acusación, recordó Mondello, el sacerdote sería culpable de extorsión por 'haber reforzado el propósito criminal de Gianluigi Torzi', el broker acusado, que obligó a la Secretaría de Estado a pagarle 15 millones de euros para recuperar el control del edificio del 60 de Sloane Avenue en Londres, 'concurriendo moralmente con él, por no haberlo obstaculizado'. También, por "asumir la responsabilidad como intermediario" en las negociaciones de la Secretaría de Estado con Torzi.

Vicios fundamentales

Ambos, para Mondello, serían 'escenarios clamorosamente viciados por errores jurídicos'. El vicio fundamental de la acusación, para el defensor de Carlino, es la 'no constatación de una divergencia de intereses entre Torzi y Carlino'. Porque si Torzi estaba en todo caso decidido a emprender una acción de revancha contra la Secretaría de Estado, la labor de Carlino no era ciertamente concurrente, y por lo tanto no podía ni reforzar la acción del agente ni obstaculizarla. Todos en la Secretaría de Estado, argumentó el abogado, "creían que los 15 millones no se debían, pero se vieron obligados a pagar para no arriesgarse a un perjuicio financiero mayor".

Nunca beneficio personal

Sobre las responsabilidades de Carlino como intermediario, el abogado subrayó que la Secretaría de Estado y el funcionario, un simple funcionario de séptimo nivel, que llevaba la agenda del sustituto, creían "que Torzi operaba ilegalmente". Y que la labor de intermediación de Carlino fue "en interés exclusivo de la víctima, como en los casos de secuestro, por lo que ciertamente no hubo complicidad en la extorsión". Además, reiteró Mondello, el secretario del arzobispo Peña Parra era sólo un "emisario, que actuaba en nombre de la Secretaría de Estado, que entró en el asunto a instancias del sustituto, no motu proprio. Y su objetivo nunca fue el beneficio personal'.

¿Qué interés?

El defensor de Carlino elevó el tono de su alegato cuando preguntó a la Oficina del Promotor de Justicia: "¿Con qué conciencia puede decirse que una persona que no se lucró ni benefició no estaba animada por un fin solidario?". Cual era el interés concurrente de Carlino frente al de la Secretaría de Estado. Las palabras del sustituto Peña Parra son tombales para cualquier acusación contra Carlino'. E incluso el embargo de las cuentas del sacerdote, para Mondello, sería una vergüenza, entre otras cosas porque demostraría 'que el partícipe de un delito contra el patrimonio no tuvo ventajas económicas'. El abogado subrayó entonces que los abogados de la Secretaría de Estado, que se había constituido como parte civil, habían confirmado que 'Carlino era el interlocutor del sustituto en las negociaciones con Torzi' y que Peña Parra 'nunca estuvo al margen y no informado'.

El testimonio del sustituto

Mondello recordó muchos pasajes del testimonio del arzobispo venezolano del 16 de marzo de 2023, en los que el sustituto explicaba que Torzi ya no quería tratar con la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado, y por tanto con monseñor Perlasca y Fabrizio Tirabassi (que se encuentra entre los acusados), por lo que encargó a Carlino que negociara, cuando ya se había decidido dar 20 millones de euros al broker para que cediera a la Santa Sede sus mil acciones con derecho a voto y, por tanto, el control del edificio. En las negociaciones posteriores, Carlino, según su abogado, consiguió reducir el desembolso del Secretario de Estado a 15 millones.

Durante la audiencia, Peña Parra, dijo Mondello, había señalado que Monseñor Perlasca, "no se había comportado fielmente, no sólo por haber firmado un contrato sin tener el poder, que luego con el engaño la Secretaría de Estado fue inducida a ratificar" y por haber evadido "los pedidos de aclaración del sustituto". Así que éste eligió a Carlino para la negociación "porque necesitaba una persona de confianza". Y una prueba, para el abogado, está en un chat entre el diputado y Pelasca de marzo de 2019. Peña Parra "le recuerda a Perlasca su propuesta de no pagar a Torzi y demandarle, y le pide que le envíe un texto con los pros y los contras de la solución legal". Una propuesta que Perlasca nunca envió". Para Mondello, por tanto, "no se puede intentar una negociación", también porque la dramática decisión de tratar con Torzi "la tomó el sustituto, y la reivindicó, nunca se echó atrás".

Objeciones

El abogado repasó todas las etapas de las negociaciones, de las que Carlino informó puntualmente a su superior, y se quejó de que la acusación también cuestionara a su cliente por el tono y el lenguaje utilizados con Torzi, "como prueba de su complicidad en la extorsión", mientras que "el enfoque cortés" era una forma correcta de llevar a cabo las negociaciones. Mondello rebatió a continuación la acusación de abuso de funciones contra Carlino, vinculada a la petición al Ior de un préstamo de 150 millones de euros para la Secretaría de Estado, "que en todo caso fue formulada por el sustituto". Una petición que no es delito, de la que también Peña Parra informó al Papa, porque habría permitido cerrar otro préstamo con intereses muy onerosos, que hacía perder a la Oficina más de un millón de euros al mes. 'Reduciendo los intereses', explicaba el sustitutoal Papa, 'también se podrán recuperar los 15 millones entregados a Torzi'.

Petición de absolución

Por último, Mondello rebatió que el hecho de que Carlino no denunciara la extorsión de Torzi constituyera un abuso de poder. ¿Por qué, se preguntó, "debería haber denunciado a las autoridades judiciales un hecho del que su superior lo sabía todo y además había advertido al Papa? Y en todo caso, sobre todo esto, por tratarse de un asunto económico, existía el secreto pontificio, del que el propio Francisco dispensa a los altos cargos del Ior, cuando realizan la denuncia'. Por ello, sus abogados, tras la intervención de la letrada Agnese Camilli Carissimi, solicitaron la absolución de monseñor Mauro Carlino del delito de abuso de funciones, por no existir los hechos o en forma subsidiaria por no haber cometido el hecho, y del delito de extorsión por no haber cometido el hecho, o en forma subsidiaria por no ser el hecho constitutivo de delito. Mañana por la mañana, a las 9.30 horas, continúa el juicio con la segunda intervención del abogado de Gianluigi Torzi y el miércoles con las intervenciones de los abogados defensores del cardenal Angelo Becciu.