Proceso vaticano hacia la conclusión tras 2 años y medio y 85 audiencias

Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

Veintinueve meses, 85 audiencias, una media de más de 600 horas pasadas en la corte, 69 testigos escuchados, 124.563 páginas impresas y en dispositivos informáticos y 2.479.062 expedientes analizados presentados por la acusación, 20.150 páginas incluidos los anexos presentados por la defensa, 48.731 por las partes civiles. Numeros altos que dan cuenta de la amplitud y minuciosidad del debate que el Tribunal vaticano quiso que fuera desde el principio la cifra del juicio por la gestión de los fondos de la Santa Sede. Un juicio - el más largo y articulado que jamás se haya celebrado entre los muros leoninos - definido como el "juicio del siglo" por el revuelo mediático - sobre todo anglosajón - que ha acompañado las fases previas a su inicio el 27 de julio de 2021, con una atención menguante a lo largo de las 85 audiencias (celebradas a veces cinco o seis veces al mes o en pleno verano) y reavivada ante los diversos giros argumentales que han marcado y a veces cambiado el curso de los acontecimientos en este tourbillon de personajes pintorescos, inmuebles de lujo, llamadas telefónicas grabadas, proyecciones de vídeo, escritos dictados, chats de WhatsApp exagerados.

Larga investigación

El proceso fue precedido por una larga y articulada investigación, iniciada por el entonces Promotor de Justicia, Gian Piero Milano, y por el Adjunto Alessandro Diddi (nombrado entretanto Promotor); desarrollada a través de las investigaciones de la Gendarmería Vaticana y con el auxilio de cuatro rescripta del Papa publicados en el curso del proceso, que ampliaron el campo de acción de los fiscales; conducida a través de un gran número de documentos y dispositivos electrónicos incautados y del cotejo de los interrogatorios de los testigos. Todo ello reunido en 487 páginas de acusación.

Espacio y escucha

Un proceso que sólo después de siete meses y un día, el 1 de marzo de 2022, se puso realmente en marcha, dejando primero un amplio espacio para las cuestiones preliminares que se celebraron durante todas las ocho primeras audiencias a instancias del mismo Tribunal vaticano, lo que dejó tiempo para escaramuzas procesales, réplicas, excepciones de nulidad. Un juicio en el que, precisamente por ese "espacio y escucha" concedido a todos y a cada uno, parecen reflejarse las palabras grabadas en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo 75 aniversario se cumple hoy: "Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, en condiciones de plena igualdad, para la determinación de sus derechos y obligaciones y para el examen del fundamento de cualquier acusación contra ella en materia penal".

Sentencia

El juicio en cuestión llegará a su fin el sábado 16 de diciembre por la tarde. Entre las 16.00 y las 17.00 horas - tal como se anunció en la última audiencia del martes - el presidente del tribunal, Giuseppe Pignatone, leerá el veredicto. Así se sabrá si los diez acusados serán condenados o absueltos.

Catorce acusados, entre particulares y sociedades, y 49 cargos

Catorce acusados por 49 cargos: cuatro sociedades y diez particulares. Las sociedades son Logsic Humitarne Dejavnosti, con sede en Eslovenia; Prestige Family Office Sa; Sogenel Capital Investment y HP Finance LLC. Las tres últimas son propiedad de Enrico CrasSo, durante unos veinte años asesor financiero de la Secretaría de Estado vaticana; la primera a nombre de Cecilia Marogna, la mánager sarda acusada de recibir fondos de la Santa Sede para la liberación de rehenes católicos en manos de terroristas islámicos y gastarlos después en viajes y productos de lujo. Por ello, está siendo juzgada por malversación de fondos. CrasSo está acusado de delitos de malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales y autoblanqueo, fraude, abuso de funciones, falso material de acto público cometido por privado y falso en contrato privado.

Junto a ellos, entre los acusados figuran René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente ex presidente y ex director de la AIF (Autoridad de Información Financiera, hoy ASIF) acusados de abuso de funciones, el primero, y malversación, abuso de funciones y violación del secreto profesional, el segundo. A continuación, Monseñor Mauro Carlino, secretario personal de dos sustitutos, (extorsión y abuso de funciones); el financiero Raffaele Mincione (malversación, fraude, abuso de funciones, apropiación indebida y autoblanqueo de dinero); el abogado Nicola Squillace, (fraude, malversación, blanqueo de dinero y autoblanqueo de dinero); Fabrizio Tirabassi, antiguo empleado de la Secretaría de Estado, (corrupción, extorsión, malversación, fraude y abuso de poder); el agente de bolsa Gianluigi Torzi, ( extorsión, malversación, fraude, malversación, blanqueo de capitales y autoblanqueo). Muchos de estos delitos se habrían cometido de forma concertada.

Por último, la lista de acusados incluye también al cardenal Giovanni Angelo Becciu, antiguo sustituto de la Secretaría de Estado, contra el que se ha procedido tal como prevé la ley, por los delitos de malversación, abuso de funciones y soborno.

La compraventa del edificio londinense

La mayor parte de los delitos en cuestión se cometieron, según la acusación, en el marco de la venta por parte de la Secretaría de Estado de un inmueble de lujo en Sloane Avenue, en pleno centro de Londres. Una operación que resultó ser altamente especulativa y que habría hecho perder a las cajas vaticanas al menos 139 millones de euros, tras una compra de 350 millones de libras y una reventa por menos de 186 millones. De hecho, la Secretaría de Estado se ha constituido como parte civil demandante y ha pedido 117.818 millones en concepto de daños y perjuicios. A ello se unen las pretensiones de indemnización de las otras cuatro partes civiles que se han constituido en el juicio: el IOR, que ha pedido 207.987.494 euros; la APSA, 270.777.495 euros; la ASIF y Monseñor Alberto Perlasca, antiguo jefe de la oficina administrativa de la Secretaría de Estado, que se remiten a la valoración equitativa del colegio de jueces para la cuantificación de los daños.

La inversión, según la reconstrucción de la acusación, se habría iniciado tras el fracaso de una operación petrolífera en Angola propuesta por Becciu pero que nunca llegó a realizarse. De ahí, el traslado al edificio de Sloane Avenue en un torbellino de fondos, transacciones, comisiones, acuerdos realizados sin -al parecer- la autorización de los superiores, la intervención de bancos extranjeros y el uso de instrumentos financieros de riesgo. La inversión, según los fiscales, abrió la puerta a los "mercaderes del templo", mientras que para las defensas, no sacó a la luz ninguna relevancia delictiva, sino sólo transacciones "normales" para quienes están familiarizados con el mundo de las finanzas. Al final del asunto de Londres, lo que el sustituto Edgar Peña Parra ha llamado un "vía crucis", también la presunta extorsión con la petición por parte del broker Torzi a la Secretaría de Estado de 15 millones de euros para ceder las mil acciones con derecho a voto con las que mantenía el control efectivo del Edificio.

Los asuntos Cerdeña y Marogna

El "asunto Londres", en el juicio, está flanqueado por el "asunto Cerdeña" y el "asunto Marogna", ambos relacionados con el cardenal Becciu. El primero se refiere al pago de 125.000 euros de los fondos de la Secretaría de Estado a una cuenta asociada a la Cáritas de Ozieri y a la Spes, una cooperativa dirigida por un hermano del cardenal, para la compra y renovación de una panadería destinada a dar trabajo a jóvenes marginados. El dinero seguiría en las cajas de la Diócesis. El "asunto Marogna" se refiere en cambio al ya mencionado pago de 575.000 euros a la mánager, introducido por los servicios secretos italianos y contratada como experto en asuntos diplomáticos para ayudar, a través de una compañía de inteligencia británica, a la Santa Sede a liberar a la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez, secuestrada por yihadistas en Malí. Como se ha dicho, Marogna gastó luego ese dinero en la compra de muebles, bolsos, zapatos y estancias en hoteles de lujo, pero negó todas las acusaciones. Por su parte, el cardenal siempre ha mantenido que primero fue "engañado" por la mujer y que toda la operación diplomática fue autorizada y aprobada por el Papa, amparada inicialmente por el secreto pontificio. El promotor Diddi y las partes civiles señalaron que, sin embargo, Marogna había seguido frecuentando al cardenal y a su familia incluso después de que estallara el escándalo.

Las peticiones del Promotor de Justicia

Para el Cardenal, el Promotor de Justicia solicitó en su acusación una pena de siete años y tres meses de prisión, más una multa de 10.329 euros e inhabilitación perpetua para cargo público.  Para monseñor Carlino, 5 años y 4 meses de prisión, inhabilitación perpetua y multa de 8.800 euros; para Crasso, 9 años y 9 meses, inhabilitación perpetua y multa de 18.000 euros; para Tommaso Di Ruzza, 4 años y 3 meses, inhabilitación temporal y multa de 9.600 euros; Cecilia Marogna, 4 años y 8 meses de prisión, inhabilitación perpetua para cargo público y multa de 10. 329 euros; para Raffaele Mincione, 11 años y 5 meses de prisión, inhabilitación perpetua y multa de 15.450 euros; Nicola Squillace, 6 años de prisión, suspensión de cargo público y multa de 12.500 euros; Fabrizio Tirabassi, 13 años y 3 meses de prisión, inhabilitación perpetua y multa de 18.750 euros; Gianluigi Torzi, 7 años y 6 meses de prisión, inhabilitación perpetua y multa de 9.000 euros; René Brülhart, 3 años y 8 meses de prisión, inhabilitación temporal y multa de 10.329 euros. Además, se impusieron a las empresas implicadas diversas confiscaciones, por un valor de varios millones de euros, y condenas. La decisión del Tribunal del Vaticano sobre estas solicitudes se conocerá también en las próximas horas.