Un proceso que ha garantizado los derechos de todos

Andrea Tornielli

Seguramente es un término equivocado llamarlo el "juicio del siglo", aunque lo que acaba de concluir en la sala multifuncional del Museo Vaticano ha sido sin duda un juicio importante. El primero de tal alcance y escala desde que existe el Estado de la Ciudad del Vaticano, es decir, desde la época de los Pactos de Letrán de 1929. Ha sido un proceso largo y oneroso, que ha entrado en la "carne viva" de la gestión de las finanzas de la Santa Sede, y ha hecho públicos tanto los modos en que se han administrado los fondos en algunos casos, como los intentos de algunos actores externos de apropiarse de los recursos de la Iglesia. Ante las denuncias presentadas y los elementos surgidos durante la fase de investigación e indagación, se ha seguido el camino transparente y necesario del debido proceso.

La gestión de las finanzas del Oltretevere ha sido objeto de investigaciones periodísticas y a veces incluso judiciales durante más de medio siglo. El camino de la transparencia fue iniciado con valentía por Benedicto XVI y continuado con determinación por las reformas de Francisco. El Papa, ante las irregularidades denunciadas a las autoridades judiciales no por la justicia de otros países, sino por organismos de la Santa Sede, ha dejado que la justicia siga su curso ordinario e institucional. Más allá de las caricaturas representadas por algunos, la de la inversión en el edificio de Sloane Avenue y los hilos relacionados, fue un juicio justo, que se desarrolló en su totalidad en las audiencias, en el pleno respeto de las garantías para los acusados: esto se demuestra no sólo por el número de audiencias, documentos y testigos examinados, sino también por el hecho de que los testigos que parecían fundamentales al principio, luego y se convirtió en irrelevante debido a la confrontación en la sala de audiencias y pruebas documentales.

Pero el resultado de este juicio también nos dice que los magistrados del tribunal, como no podía ser de otra manera, razonaron con total independencia basándose en las pruebas documentales y en los testimonios escuchados, no en teorías preconcebidas. Y dejaron un amplio margen a la audiencia. Así, llegaron al veredicto respetando todas las garantías de los acusados, habiendo tenido debidamente en cuenta las peticiones de sus abogados defensores y, sobre todo, sin amoldar en ningún momento las normas a la conveniencia de la acusación. Así lo demuestra, por ejemplo, la decisión del Tribunal de considerar inutilizables las declaraciones realizadas durante el interrogatorio en la Gendarmería Vaticana por Gianluigi Torzi. Declaraciones en las que se acusaba a otros imputados, pero que no fueron admitidas ya que el propio Torzi no compareció ante el tribunal para repetirlas y corroborarlas.

El Papa Francisco dijo el pasado mes de febrero, con ocasión de la inauguración del Año Judicial: "Aquí hay que ser claros y evitar el riesgo de "confundir el dedo con la luna": el problema no son los juicios, sino los hechos y los comportamientos que los determinan y los hacen dolorosamente necesarios". La normativa sobre transparencia, el control riguroso de la gestión de los fondos, incluso por gestores externos, y la conciencia de que no hay zonas francas, contribuirán a que prevalezca una administración de los bienes eclesiásticos cada vez más parecida a la prudente administración del buen padre de familia. La génesis de este juicio ha demostrado que la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano poseen los "anticuerpos" necesarios para detectar presuntos abusos o conductas indebidas. El desarrollo del juicio atestigua que la justicia se administra sin atajos, siguiendo el código del rito, respetando los derechos de cada persona y la presunción de inocencia.