Arco Minero del Orinoco, Mons. Divassón: su futuro depende del rumbo del país

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano

En el contexto de una profunda crisis económica es que surge en Venezuela el proyecto del “Arco minero del Orinoco”, en el intento del gobierno de diversificar sus políticas extractivistas, con la expectativa de recibir altos ingresos económicos en el corto plazo.

La zona que involucra el proyecto es vastísima: se trata de casi 112 mil kilómetros cuadrados, de los cuales la mayor parte son parques nacionales y áreas bajo régimen de atención especial. Y los directos afectados por esta política minera, son, en primer lugar, los indígenas.

Mons. José Ángel Divassón, Vicario Apostólico Emérito de Puerto Ayacucho, Obispo presidente de REPAM en Venezuela y miembro del Consejo Pre-sinodal nombrado por el Papa Francisco el 8 marzo de 2018, explica el conflicto del Arco Minero, que nace bajo la presidencia de Nicolás Maduro, quien estableciera por decreto presidencial del 24 de febrero de 2016 la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”.

Motivaciones del proyecto

“En relación al proyecto Arco Minero del Orinoco existe un conflicto muy fuerte. Surge este proyecto en un momento difícil del país en el que la disminución de los precios y de la producción petrolera puso al gobierno en una situación económica que no le permitía continuar sus políticas de importación y paternalismo. Lo que realmente motiva el proyecto es la obtención rápida de recursos económicos para paliar la situación, sin importar las consecuencias de un impacto ambiental desastroso, ni la vida y derechos de los pueblos que habitan la zona. Es una amplísima zona de casi 112.000 kilómetros cuadrados, de los cuales la mayor parte son parques nacionales y ABRAE (áreas bajo régimen de atención especial). Se presentó como una nueva rampa de lanzamiento para una Venezuela-potencia mundial, en medio de la mayor crisis económica, política, humana”.

“La explotación del oro había crecido mucho en años anteriores y había muchos mineros venidos de varias partes, también de indígenas que ejercían una minería artesanal de bajo impacto. A la búsqueda del oro se añadió la explotación del coltán y de diamantes”.

El gobierno – explica aún Divassón - otorgó numerosas concesiones a diferentes empresas y  emitió un decreto en que toda esa labor se ponía bajo el control de una empresa a nombre de las Fuerzas Armadas.

Masacres, inseguridad, deterioro ambiental y sanitario

Algo que derivó muy pronto en una serie de conflictos “entre los mineros ya existentes, organizados en grupos denominados ‘sindicatos’ y bajo las órdenes de jefes absolutos llamados ‘pranes’, las empresas que llegaban, y ‘fuerzas de orden’, entre las cuales hay que contar numerosos ‘irregulares’” (es decir guerrilleros), lo que llevó a la conclusión de la pérdida de vidas y una menoscabo de la vida en diversos sentidos:

“Abundaron las masacres, y se generó una absoluta inseguridad que se une a una deplorable situación moral, ambiental y sanitaria, con una extensión desbordante de la malaria”, testimonia el Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho.

El pueblo no tiene conocimiento real de la explotación

El prelado asegura que la explotación, “se está dando sin que la mayor parte del país tenga real conocimiento de cuanto sucede por el manejo secreto de las situaciones y por la desinformación absoluta de los hechos, posible a causa de la hegemonía comunicacional que ejerce el gobierno”, y que “sólo se hacen de dominio público los acontecimientos extremos - masacres, epidemias, enfrentamientos en los que se ven involucradas las fuerza de orden y la guerrilla-  que afectan directamente a las poblaciones aledañas y se difunden por las redes sociales”.  

Proyecto AMO no aprobado por la Asamblea Nacional

Monseñor Divasson señala otro elemento que hace que la situación se complique más:

“Todo este proyecto lo ha llevado adelante el gobierno sin tener en cuenta a la Asamblea Nacional elegida por el pueblo, pero a la que el Tribunal Supremo de Justicia, nombrado en contra de las normas legales, declaró ‘en desacato’ pretendiendo dejarla de lado al privarla de sus competencias. Pero, por mandato constitucional, es la Asamblea Nacional quien puede aprobar los convenios que el gobierno realiza, y cada vez  más gobiernos no reconocen la Asamblea Nacional Constituyente que creó el gobierno obviando la aprobación del pueblo”.

La solución de este conflicto depende del rumbo que tome el país

Actualmente, a esta problemática se añade la situación política agravada en el último mes, en que el actual gobierno no es reconocido por una buena parte de naciones. Algo que según el presidente de la REPAM en Venezuela “genera una problemática muy fuerte no sólo para este tema del Arco Minero, sino para toda la institucionalidad del país”. Y más todavía, “cuando esta legítima Asamblea Nacional justamente el 27 de noviembre de 2018 sancionó el ‘Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Lega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético, Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonía Venezolana’ con el cual se está derogando el denominado ‘Arco Minero’".

“Esta es la problemática actual del Arco Minero que legalmente está en el aire y cuya solución dependerá totalmente del rumbo que tome el país”, concluye el prelado.