Proceso Vaticano, testigos de parte acusadora: inversiones erróneas en Londres
Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano
El presidente de la cooperativa OSA, el ex director administrativo del Bambino Gesù y un senior advisor de la Secretaría de Economía fueron los tres testigos convocados hoy por la parte acusadora para la 35ª audiencia del juicio por la gestión de fondos de la Santa Sede. La audiencia duró algo más de tres horas, una vez más tuvo lugar en la sala multifuncional de los Museos Vaticanos, y se centró principalmente en la venta del Palacio de Londres.
El interrogatorio a Milanese
El primer testigo interrogado fue Giuseppe Milanese, especialista en enfermedades infecciosas y presidente de la cooperativa OSA (Operadores Sanitarios Asociados), dedicada a asistir a personas no autosuficientes en el ámbito socio-sanitario. El médico había sido mencionado como persona cercana al Papa por Fabrizio Tirabassi, antiguo empleado de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado, ahora acusado. Milanese se encuentra entre las personas totalmente ajenas a los presuntos delitos que fueron escuchadas durante la investigación. También estaban el abogado Emanuele Intendente y Renato Giovannini, vicerrector de la Universidad Telemática Marconi. Fue precisamente este último quien informó a Milanese a finales de 2018 de la compraventa del edificio de Londres de la que el presidente de OSA ni siquiera estaba al tanto.
Los caballeros blancos y los caballeros negros
Giovannini e Intendente dieron a Milanese su propia "versión" de los hechos. Es decir, que, por un lado, estaban los "caballeros blancos", es decir, ellos dos más Gianluigi Torzi, el broker imputado en el juicio, y por otro, los "caballeros negros", los que habrían montado un "sistema de ilícitos" a desmantelar. Es decir, Tirabassi y el financiero acusado Enrico Craso, consultor histórico de la Secretaría de Estado. Básicamente, la idea era que Torzi hubiera podido aportar una solución al "problema" del Palacio que había hecho perder "importantes sumas" a la Santa Sede, la que era "obstaculizada" para concluir el acuerdo. La fase a la que se refiere es la del paso del fondo Gof de Raffaele Mincione (acusado) al Gut de Torzi, quien -como es sabido- mantuvo mil acciones con derecho a voto que le daban el control absoluto del inmueble y que pidió a la Santa Sede unos 12 millones de euros (de los 3 millones iniciales establecidos) para salirse del negocio.
Eventuales "daños importantes"
Si "la operación hubiera saltado, el Vaticano hubiera tenido daños importantes", dijo Milanese. De él, se buscaba un "apoyo" para una solución: "La primera ayuda que podía dar", dijo en el juicio, "era desenredar la madeja". Nada más. Por eso, en una ocasión envió un mensaje al sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Edgar Peña Parra, diciendo que ya no estaba claro "quiénes son los amigos y quiénes los enemigos". "El sustituto estaba tratando de entender, estaba bastante preocupado por una situación que no se estaba resolviendo". Por la misma razón, cuando se le pidió a Milanese que asistiera a las reuniones en Londres para la firma del contrato de cesión a Goff, se negó, diciendo que "no tenía sentido que un médico asistiera en asuntos en los que se necesitaba un abogado". A partir del 5 de enero de 2019, después de varias reuniones, discusiones y notas tomadas "en hojas de cartón", el médico se retiró de todo el asunto. "Entiendo que fui instrumentalizado probablemente por mi amistad con el Santo Padre", dijo. "Me arrepiento de haberlo sacado a la luz, pero creo que se me llamó no como experto sino como amigo del Papa".
Breve examen a Perno
A continuación, se escuchó en la sala a Antonio Perno, ex director administrativo del Bambino Gesù, quien aseguró que nunca recibió propuestas para comprar un inmueble a pocos pasos de San Pedro para ampliar el espacio "saturado" del hospital.
Las declaraciones de Madsen
En cambio, duró cerca de una hora el examen de Robert Lee Madsen, 80 años, con 50 años de experiencia en el mundo de las finanzas, primero jefe de inversiones de la APSA, luego llamado en 2015 por la Secretaría para la Economía como senior advisor. El experto estadounidense habló de las reuniones en la Secretaría de Estado con Tirabassi y el entonces jefe de la Oficina Administrativa, Monseñor Alberto Perlasca, y de los gestores que vinieron a representar las posibilidades de inversión: "Trabajaban bien, con productos estándar, una tipología no agresiva". Tirabassi, con quien había "una buena colaboración", le pidió un asesoramiento sobre el hipotético acuerdo petrolero en Angola con el fondo Centurión de Raffaele Mincione (acusado). Me dio la impresión de que alguien por encima de él estaba pidiendo información", explicó, "simplemente dije que no". El financiero habló entonces de un "plan de reintegro" que propuso a Tirabassi y Perlasca ante el "endeudamiento" de la Secretaría de Estado de casi 212 millones.
Inversiones inmobiliarias
Los abogados de la parte civil pidieron a Madsen que diera cuenta de ciertas palabras recogidas en un informe sobre que Peña Parra había sido "engañado" y que el asunto de Londres había sido un "desastre". "Hablé con el sustituto un par de veces, le dije que se había cometido un error y que debía hacer estudiar el asunto por personas independientes, no por los mismos que habían creado el problema". Se refería a Perlasca y Tirabassi, que "no eran expertos" en el negocio inmobiliario, cuyas "reglas del juego" había que conocer.
Madsen también mencionó la compra de un inmueble también en Londres, pero en High Street Kensington, realizada entre 2016 y 2017 por la APSA al 51% y por el Fondo de Pensiones al 49%. Unos 90 millones cada uno, se dijo. Ambas entidades estaban presididas por el cardenal Domenico Calcagno. El cardenal George Pell, ex prefecto la SPE, se había opuesto firmemente: "¿Por qué el Fondo de Pensiones debe pagar el 49% cuando debe pensar en pagar las pensiones?", habría dicho el cardenal, según el testigo. Quien dijo no tener "datos concretos" sobre el resultado de la inversión, pero recordó que el resultado no fue positivo.
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