Concluyen audiencias del Juicio en Londres: Ninguna buena fe de Mincione

Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

«No hay buena fe», reitera una de las partes. «No hubo fraude», afirma la otra. Con la lectura de los alegatos finales, los escritos de clausura de los abogados de la Secretaría de Estado y del financiero Raffaele Mincione, concluye hoy, jueves 18 de julio, el juicio civil en Londres ante la Alta Corte de Justicia del Reino Unido sobre la venta del edificio de Sloane Avenue. Un juicio que comenzó el pasado 24 de junio después de que Mincione presentara en 2020 una demanda en la que solicitaba una treintena de declaraciones favorables que acreditaran su «buena fe» en la transacción con la Secretaría de Estado a finales de 2018 sobre la transmisión del inmueble londinense. El juicio en la Real Audiencia vio en el banquillo de los testigos al Sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, monseñor Edgar Peña Parra, que en sus interrogatorios de los días 4, 5 y 8 de julio reconstruyó con detalle los contornos de un asunto que ya centró el proceso penal en el Tribunal vaticano, que concluyó en diciembre de 2023 con la condena de diez acusados. Incluido el propio Mincione.

Memorandos finales

A la espera del veredicto en Londres, previsto para el próximo otoño, los abogados de las dos partes han presentado sus memorandos finales, formulados a la luz del debate en la sala basándose en material documental y evaluaciones técnicas de la propiedad en el prestigioso barrio de Chelsea.

Los abogados de Mincione: No hubo fraude

Ciento quince páginas tiene el escrito del equipo jurídico de Mincione, firmado por el abogado Charles Samek y adjuntos, en el que, si bien admiten un estilo peculiar en la actuación de su cliente («Es un tipo bucanero»), refutan que la Secretaría de Estado haya sido objeto de fraude: sólo se habrían «dado cuenta de que habían sido víctimas» «tras leer los documentos relativos a la solicitud de asistencia judicial a las autoridades suizas», dicen los abogados.

Definen como «errónea», por tanto, la hipótesis de que el objetivo de Mincione habría sido influir en el proceso vaticano: «El presente proceso nunca habría tenido ningún efecto». Uno de los objetivos del presente proceso, aseguran, es 'reivindicar los derechos' del financiero.

Si una persona«, se lee en otro pasaje, “afirma haber sido víctima de un fraude, debe presentarse ante el tribunal ”con las manos limpias y sin nada que ocultar». Con el debido respeto, esto no es lo que ha ocurrido aquí...».

Facturas de pagos a Torzi

Los abogados consideran que el panorama ofrecido al tribunal no es completo y aseguran que monseñor Peña Parra, pese a llegar al Vaticano en octubre de 2018, por tanto en la fase final de este complejo asunto, estuvo en cambio «directamente implicado» en todas las últimas negociaciones. En particular la que llevó a pagar a Torzi los 15 millones de euros que había pedido para cerrar todas las relaciones y vender las acciones del edificio propiedad de la Santa Sede pero del que tenía el control total.

De nuevo, los abogados de Mincione vuelven sobre las facturas al banco Credit Suisse por las dos transferencias a las empresas de Torzi Sunset Enterprises y Lighthouse. Facturas que hacían referencia a servicios del broker que en realidad nunca se prestaron: «falsas», alegó Samek ante el tribunal, mientras que Peña Parra las enmarcó como consecuencia de lo que los jueces vaticanos calificaron de extorsión. 

El precio de la propiedad

Por último, los abogados aseguran que, a la luz de la tasación del valor de mercado del inmueble, no hay lugar a la alegación de la Secretaría de Estado de haber comprado «una caja vacía» a un precio inflado: «Sin tal sobrevaloración, no hay falsificación fraudulenta del valor de mercado y desaparecen los motivos de la supuesta conspiración con Torzi/ Squillace».   

Sobreprecio

Es precisamente el punto del sobreprecio del palacio el que ocupa gran parte del memorándum de 109 páginas del abogado de la Secretaría de Estado, Charles Hollander, junto con los adjuntos. Varios párrafos recorren cronológicamente la historia del antiguo almacén de Harrod's en la prestigiosa Sloane Avenue, adquirido por Mincione en diciembre de 2012 por 129 millones de libras más 8 millones de gastos. Números «en claro contraste», dicen los abogados, con la información facilitada a la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado, que recibió una propuesta de compra con una valoración bruta de unos 230 millones y una rentabilidad del 3,75%.

Mincione, recuerdan los abogados, hablaba siempre de 'distancia entre una valoración y otra', de los efectos del Brexit y de 'bajadas de tipos de interés' que 'se estaban desplomando'. En realidad, 'no hay evidencia de ningún cambio en los tipos de interés entre finales de 2013 y principios de 2014', reza el documento, que también menciona información 'engañosa' en cartas entregadas por el financiero y sus socios a la Secretaría de Estado.

Las relaciones entre Torzi y Mincione

Hollander y el resto de abogados de la Secretaría de Estado ponen entonces negro sobre blanco los elementos que demostrarían que los 'intereses financieros' de Mincione y del bróker Gianluigi Torzi estaban 'estrechamente entrelazados'. Ambos estaban vinculados por «una serie de otras transacciones en las que eran financiadores recíprocos», afirman, «ambos carecían de dinero y lo necesitaban urgentemente debido a los acuerdos celebrados en relación con el asunto Banca Carige». En estas circunstancias, la Secretaría de Estado era un 'blanco fácil', porque 'durante años Mincione había estado engañando y malversando dinero de la Secretaría de Estado'.

Juicio mediático

El escrito juzga entonces las críticas contra monseñor Peña Parra como «infundadas», a veces incluso «gratuitas (pero obviamente recogidas en la prensa)», escriben los abogados de la Secretaría de Estado. Para ellos, «estas diligencias carecen de finalidad válida y sensata» o, tal vez, «la verdadera finalidad» sea únicamente obtener una sentencia que pueda alimentar la trifulca mediática.

Limpiar su nombre

Las conclusiones se detienen en las motivaciones que llevaron a Mincione a emprender acciones legales hace cuatro años. A saber, el deseo de «limpiar su nombre» mientras la investigación vaticana estaba en curso. «Imposible» en aquel momento lograr esta rehabilitación, escriben los abogados, tras una condena en primer grado de cinco años y medio de prisión y la exigencia de una indemnización de 180 millones de euros, así como una importante orden de confiscación.

Los abogados también señalan inexactitudes sobre el supuesto «perjuicio» que habría sufrido el financiero como consecuencia de la presión mediática dada por las acusaciones de la Secretaría de Estado, como para comprometer sus actividades laborales o iniciar acciones regulatorias como la de la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) de Luxemburgo. Precisamente esto último -y fueron los propios testigos de Mincione quienes lo afirmaron en la sala- se remonta a junio de 2019, por tanto, «antes de cualquier noticia difundida en la prensa sobre la investigación vaticana, o incluso del inicio de esa investigación». 

El calendario del caso

Siguiendo con la cronología, en las memorias se señala que el inicio de la demanda de Mincione se produjo once días después de la detención de Torzi en el Vaticano. «Parece que cuando los fiscales llamaron a la puerta de Mincione y sus colaboradores (en particular Torzi), Mincione y los otros demandantes decidieron juntos iniciar sus propios procedimientos». «Equivocadamente», señalan los abogados, pensaron que así “podrían presionar” a la Oficina del Promotor de Justicia en los procedimientos del Vaticano o “gestionar de alguna manera las (comprensibles) consecuencias negativas” de ser acusados de “actividad criminal grave”. 

En definitiva, según el equipo jurídico, «el verdadero propósito de los demandantes era lanzar “una contraofensiva al interés mediático de la investigación” del Promotor de Justicia».

Procesamiento "extraño"

Mincione, como es bien sabido, fue condenado en primera instancia por malversación, autoblanqueo y cohecho entre particulares por el Tribunal Vaticano, pero absuelto de los delitos de estafa agravada y malversación en relación con la supuesta sobrevaloración del precio de venta del edificio de Sloane Avenue. Los motivos de la sentencia aún no se han hecho públicos, pero el Promotor de Justicia, Alessandro Diddi, ya ha declarado su intención de recurrir. 

La Secretaría de Estado, por su parte, no ha presentado recurso. «De ello se deduce«, concluye el documento, “que una ”victoria' del Sr. Mincione en este procedimiento no le daría nada más de lo que ya le ha dado el Tribunal Vaticano». Por el contrario, «la continuación del procedimiento» sería más bien «extraña».